El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió este martes que las leyes estatales que prohíben la llamada “terapia de conversión” en menores vulneran la libertad de expresión de los consejeros profesionales autorizados.
En concreto, el alto tribunal consideró que la normativa de Colorado infringe la Primera Enmienda de Estados Unidos, lo que podría afectar a legislaciones similares vigentes en California y otros 23 estados.
La decisión, adoptada por ocho votos frente a uno, sostiene que la prohibición podría limitar a algunos consejeros —incluidos aquellos con creencias religiosas— a la hora de orientar a adolescentes sobre temas relacionados con su orientación sexual o identidad de género.
Estas leyes habían sido aprobadas por legisladores estatales tras advertencias de expertos en salud que calificaban estas prácticas como ineficaces y potencialmente dañinas para los menores.
Sin embargo, el juez Neil M. Gorsuch argumentó que la norma de Colorado supone una forma de censura basada en el punto de vista. Según escribió, incluso cuando una ley persigue fines de salud pública, no puede restringir la libertad de expresión sin entrar en conflicto con la Constitución.
La única opinión disidente fue presentada por la jueza Ketanji Brown Jackson, quien defendió que la ley no busca censurar ideas, sino regular la práctica profesional. En su criterio, los estados tienen autoridad histórica para supervisar el ejercicio de la medicina y evitar daños a los pacientes, incluidos los menores.
El fallo se suma a otras decisiones recientes del tribunal que han generado controversia en materia de derechos LGBTQ. Entre ellas, la validación de leyes estatales que restringen tratamientos de afirmación de género para menores y otro dictamen que reconoció el derecho de los padres a ser informados sobre la identidad de género de sus hijos en escuelas de California.
El caso fue impulsado por Kaley Chiles, una consejera con licencia en Colorado Springs, quien alegó que la ley vulneraba tanto su libertad de expresión como su libertad religiosa. Su defensa fue respaldada por la organización Alliance Defending Freedom, que sostuvo que la normativa impedía conversaciones voluntarias entre profesionales y pacientes basándose en su contenido.
Por su parte, el estado de Colorado defendió la legislación argumentando que busca proteger la salud pública al prohibir una práctica considerada desacreditada y perjudicial, y subrayó que la norma solo aplica a profesionales con licencia, no a líderes religiosos u orientadores no regulados.
Con este fallo, el tribunal marca un precedente importante sobre los límites entre la regulación profesional y la libertad de expresión, con posibles repercusiones en múltiples estados del país.
