En una decisión de gran impacto político y económico, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes la mayor parte de los aranceles impuestos durante la administración del presidente Donald Trump, al considerar que excedieron las facultades legales del Ejecutivo. El fallo representa uno de los golpes judiciales más severos contra una de las políticas emblemáticas del mandatario y reconfigura de inmediato el panorama comercial internacional.
La resolución responde a demandas presentadas por varias empresas importadoras y asociaciones industriales que argumentaron que las tarifas —aplicadas principalmente a productos provenientes de China y otros socios comerciales— generaron pérdidas millonarias, distorsiones en las cadenas de suministro y aumentos de precios para consumidores estadounidenses. Los demandantes sostenían que la Casa Blanca utilizó de forma indebida leyes de seguridad nacional para justificar medidas con fines esencialmente económicos.
Según el fallo, la mayoría del tribunal determinó que el Ejecutivo no puede imponer aranceles generalizados sin autorización clara del Congreso, incluso cuando invoque riesgos para la seguridad nacional. La decisión invalida así gran parte del esquema tarifario que había sido presentado como piedra angular de la política comercial proteccionista del gobierno republicano.
Los mercados reaccionaron con volatilidad tras conocerse la noticia, mientras gobiernos y empresas alrededor del mundo evaluaban las consecuencias. Exportadores asiáticos y europeos anticipan un posible aumento de ventas hacia Estados Unidos si se eliminan definitivamente los gravámenes, mientras fabricantes estadounidenses advierten sobre una mayor competencia externa.
Analistas señalan que el fallo también podría obligar a revisar negociaciones comerciales, subsidios industriales y estrategias de relocalización de empresas que se implementaron en respuesta a la guerra comercial iniciada años atrás.
La decisión judicial abre un nuevo frente político interno. Aliados del presidente criticaron al tribunal por “interferir en la defensa económica del país”, mientras legisladores de la oposición celebraron lo que consideran un retorno al equilibrio de poderes. Expertos constitucionales subrayan que el caso podría redefinir los límites de la autoridad presidencial en materia comercial durante futuras administraciones.
Se espera que el gobierno evalúe alternativas legales para mantener parte de las tarifas o impulse nuevas medidas a través del Congreso. Entretanto, empresas afectadas por los aranceles estudian reclamar compensaciones por los costos asumidos durante los años en que estuvieron vigentes.
La decisión marca un punto de inflexión en la política comercial estadounidense y sus efectos continuarán desarrollándose en los próximos días, con repercusiones que podrían sentirse en la economía global.
