El sistema para obtener la licencia de conducción en Colombia se prepara para una transformación de fondo a partir de 2026, en línea con tendencias internacionales que buscan endurecer los controles sobre quienes aspiran a manejar y reducir la siniestralidad vial. La reforma, establecida en la Resolución 20253040037125 de 2025 del Ministerio de Transporte, introduce un modelo de evaluación más estricto que redefine la manera en que se certifican las competencias de los conductores.
El cambio central consiste en separar de forma definitiva los procesos de formación y evaluación, un esquema que ya opera en varios países de Europa y América del Norte, donde se busca evitar conflictos de interés y garantizar mayor objetividad. En el caso colombiano, esta función recaerá en los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), nuevas entidades encargadas exclusivamente de aplicar las pruebas teóricas y prácticas. Hasta ahora, esa responsabilidad también estaba en manos de los Centros de Enseñanza Automovilística, lo que había generado cuestionamientos sobre la transparencia del sistema.
Bajo el nuevo modelo, los aspirantes deberán someterse a una batería de evaluaciones diseñadas para medir tanto el conocimiento normativo como la capacidad real de conducción en distintos entornos. El examen teórico incluirá contenidos sobre normas de tránsito y seguridad vial, mientras que las pruebas prácticas se dividirán en dos etapas: una primera en pista cerrada, enfocada en maniobras básicas, y una segunda en vías abiertas, donde se evaluará el comportamiento del conductor en condiciones reales de tráfico, un estándar similar al que se aplica en países como España o Alemania.
La supervisión del proceso estará a cargo del Ministerio de Transporte, con vigilancia adicional de la Superintendencia de Transporte, en un intento por reforzar los controles institucionales y reducir posibles irregularidades. Este enfoque responde a recomendaciones de organismos internacionales que han insistido en la necesidad de mejorar los sistemas de licenciamiento como parte de las estrategias para disminuir los accidentes de tránsito, una de las principales causas de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, la reforma también abre el debate sobre el costo del trámite. Con la entrada en operación de los CALE, los aspirantes deberán asumir un pago adicional por las pruebas, lo que podría elevar el valor total de la licencia por encima de los dos millones de pesos, frente al rango actual que oscila entre 1,2 y 1,8 millones. Este posible incremento sitúa a Colombia en una tendencia global en la que obtener una licencia implica procesos más rigurosos, pero también más costosos, como ocurre en varios países desarrollados.
En conjunto, la medida apunta a elevar el estándar de los conductores en el país, en un contexto en el que la seguridad vial se ha convertido en una prioridad global. La apuesta de las autoridades es que un sistema más exigente y transparente no solo mejore la calidad de la conducción, sino que también contribuya a reducir la accidentalidad en las carreteras, alineando a Colombia con prácticas internacionales orientadas a salvar vidas.
