El oficialismo argentino aceleró su agenda legislativa y este jueves obtuvo una nueva victoria en Diputados: la media sanción de la reforma al Régimen Penal Juvenil, con 149 votos a favor y 100 en contra. Aunque Javier Milei impulsaba bajarla a 13 años, el Gobierno cedió a presiones de aliados como PRO, UCR, Innovación Federal y provinciales, fijándola en 14 años.
La propuesta, central en la agenda de La Libertad Avanza, avanzó gracias al respaldo de estos socios. El peronismo la rechazó en general, aunque la mayoría apoyó la baja de edad en una votación a mano alzada no registrada; el diputado Ramiro Gutiérrez incluso ayudó con el quórum. También se opusieron la izquierda y la cordobesa Natalia De la Sota.
Ahora, el proyecto pasa al Senado, donde el oficialismo aspira a convertirlo en ley el 26 de febrero, junto a la reforma de la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esta aprobación marca un avance en la agenda de seguridad de Milei, pese al fracaso en reducir la edad punible a 13, como proponía el texto original de 2024.
Las presiones aliadas obligaron a aceptar un dictamen consensuado de 2024 —que cayó al fin del período ordinario— con una partida de más de $23.000 millones para infraestructura y servicios, como la figura del supervisor. Incluye convenios con provincias y reasignación presupuestaria vía Jefatura de Gabinete.
El debate se reactivó tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, en medio de las extraordinarias. Críticos opositores cuestionaban la falta de fondos, y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) los tildó de “insignificantes”: “El metro cuadrado para encierro cuesta cerca de 7.000 dólares”, advirtió, pidiendo cláusulas para implementación provincial condicionada a obras listas. Gisela Scaglia (Provincias Unidas, alineada con Maximiliano Pullaro) y Oscar Herrera (Innovación Federal) reiteraron reclamos: no pueden las provincias asumir todos los costos de salud, educación, seguridad y obras con coparticipación baja.
Ramiro Gutiérrez (massista) sorprendió colaborando con el quórum y exigió anclar la no imputabilidad bajo 14 años en el Código Penal para evitar judicializaciones, pero el oficialismo lo desestimó: “No choca con él, va por otro lado”.
Pamela Verasay (UCR) defendió el trámite: “No es exprés; empezó en 2024. La política enfrenta la cruda realidad social”, criticando el “garantismo”. Cristian Ritondo (PRO) justificó los 14 años: “No hay consenso científico sobre conciencia delictiva en chicos de 12 o 13”. Desde el peronismo, Eduardo Valdés contrapuso: “Castigar menores no protege; embrutece a la sociedad”.
Además de la baja de edad, la reforma incorpora programas educativos, laborales y recreativos. Para delitos de hasta 3 años de prisión (o 3-10 años sin muerte/lesiones graves), prevé prisión domiciliaria, tareas comunitarias, inhabilitación de conducción o reparaciones económicas. Reduce penas máximas de 20 a 15 años.
