El municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, se ha convertido en el epicentro de una escalada de violencia que evidencia la férrea presión que ejercen los grupos delictivos sobre la economía local. En un acto que trasciende el simple delito para convertirse en una demostración de terror, dos individuos atacaron con premeditación y alevosía un establecimiento comercial en el barrio Villa Katanga durante la noche del 26 de septiembre. El método fue tan contundente como simbólico: arrojar gasolina a la entrada del negocio y prenderle fuego, una acción destinada no solo a dañar propiedades, sino a carbonizar la sensación de seguridad de toda una comunidad.
Lo más alarmante de este incidente no es solo el acto en sí, sino su naturaleza ejemplarizante. Los propios agresores se encargaron de documentar el ataque en video y difundirlo abiertamente. Esta práctica, que se ha vuelto común, funciona como un mecanismo de propaganda y control psicológico. El mensaje es claro y siniestro: “Esto es lo que les pasa a quienes no pagan”. La grabación circula como un recordatorio constante para los demás comerciantes, generando un profundo clima de zozobra y paralización.
Según testimonios de los habitantes y las autoridades, esta ola de amenazas y ataques es sistemática. Los delincuentes, muchos de ellos actuando bajo órdenes de estructuras criminales desde dentro de las cárceles, han declarado incluso a familiares de los comerciantes como “objetivos militares”. Las exigencias económicas alcanzan cifras exorbitantes, con reportes de extorsiones que llegan hasta los 60 millones de pesos, un monto capaz de quebrar a la mayoría de pequeños y medianos empresarios.
Las estadísticas proporcionadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla pintan un panorama complejo. Entre junio y agosto de este año, se registraron 35 ataques directos contra comercios. Si bien las fuerzas de seguridad reportan 18 capturas y un 62% de casos esclarecidos en ese período, la percepción ciudadana es que la violencia no cede. En lo que va del año, se han presentado 785 denuncias por extorsión, mostrando un preocupante aumento del 1% en comparación con el mismo periodo de 2024.
El general Edwin Urrego, comandante de esta unidad policial, ha identificado a grupos como ‘Los Costeños’ como los principales responsables, operando y coordinando gran parte de esta ola delictiva desde los penales del país. Los operativos han sido intensos, con 261 integrantes de estas estructuras capturados—incluyendo cabecillas y sicarios—y se ha logrado evitar el pago de cerca de 5.000 millones de pesos en extorsiones. Sin embargo, esta acción estatal parece chocar contra una hidra de múltiples cabezas.
A pesar de los esfuerzos y las cifras positivas de las autoridades, la realidad en el terreno, según comerciantes y vecinos de Soledad y Barranquilla, es que los ataques se mantienen con una frecuencia casi diaria. Esta discrepancia subraya un problema de fondo: la capacidad de adaptación y la resiliencia de las redes criminales, que encuentran en la extorsión un negocio de bajo riesgo y alta rentabilidad. El miedo se ha instalado como un vecino más en los barrios más golpeados, sofocando la iniciativa comercial y amenazando la estabilidad social y económica de toda el área metropolitana.
El incendio en Villa Katanga es más que un titular; es un síntoma de una enfermedad crónica. La comunidad de Soledad y la región circundante se encuentran atrapada en una encrucijada, reclamando a gritos una presencia estatal no solo reactiva, sino preventiva y permanente. Frenar esta violencia requiere ir más allá de las capturas y abordar las raíces del problema: el financiamiento de las bandas desde las cárceles, la protección de testigos y, crucialmente, la implementación de estrategias de inteligencia que desmantelen por completo las estructuras de extorsión que asfixian el comercio y siembran el terror en la vida diaria de los ciudadanos. La estabilidad del sector comercial y la paz de miles de familias dependen de una respuesta inmediata y efectiva.
