El Gobierno francés instó este viernes a sus nacionales a salir de Malí “lo antes posible”, utilizando los vuelos comerciales aún disponibles, ante el deterioro acelerado de la seguridad en ese país del Sahel, donde Bamako y varias regiones enfrentan un bloqueo impuesto por grupos yihadistas. La advertencia fue difundida a través del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores, que subrayó la “fuerte recomendación de no viajar” a territorio maliense bajo ninguna circunstancia y recordó que los desplazamientos por carretera resultan especialmente peligrosos, ya que las rutas nacionales se han convertido en objetivo de ataques terroristas.
Consultado por la Agencia France-Presse, el ministerio señaló que no podía confirmar de inmediato si la medida afectará también al personal diplomático, aunque el portavoz Pascal Confavreux había precisado el jueves que la embajada francesa en Bamako permanece abierta, bajo la dirección de un encargado de negocios responsable de la protección consular de unos 4.300 ciudadanos franceses registrados en el país.
En paralelo, la compañía naviera italo-suiza MSC informó la suspensión “hasta nuevo aviso” de sus operaciones terrestres hacia Malí, citando la falta de combustible y los riesgos de seguridad derivados del cerco yihadista que dificulta el tránsito de mercancías. La escalada de violencia se ha cobrado nuevas víctimas: en los últimos días, 14 civiles fueron asesinados en la localidad de Léré, en el centro del país, según fuentes locales y militares.
La recomendación francesa se suma a las alertas emitidas por Estados Unidos y el Reino Unido a finales de octubre, cuando ambas naciones evacuaron a su personal no esencial y a sus familias. Washington ya había exhortado a sus ciudadanos a abandonar el país de inmediato, ante la escasez de combustible, el cierre de escuelas y universidades, y la creciente inestabilidad en torno a la capital.
Otros países europeos, entre ellos Italia, Alemania, Canadá y España, adoptaron medidas similares en las últimas semanas, reflejando la preocupación internacional por la situación en Malí, un país que sufre desde 2012 una crisis multidimensional marcada por la violencia yihadista, el colapso económico y la fragilidad política.
Desde septiembre, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM) —filial de Al Qaeda en el Sahel— ha atacado convoyes de combustible procedentes de Senegal y Costa de Marfil, principales vías de abastecimiento del país. El grupo justificó los ataques como represalia a la decisión del Gobierno maliense de prohibir la venta de combustible fuera de las estaciones de servicio en zonas rurales, medida que buscaba cortar sus líneas de suministro.
A pesar de las escoltas militares, varios camiones cisterna han sido incendiados y tanto conductores como soldados resultaron muertos o secuestrados en emboscadas. El bloqueo ha provocado una parálisis económica en Bamako, donde la falta de combustible afecta el transporte, los servicios básicos y la actividad educativa. La junta militar, que gobierna Malí tras los golpes de Estado de 2020 y 2021, enfrenta crecientes dificultades para contener el avance yihadista y garantizar la seguridad de la población.
