La Policía Nacional de Colombia, en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá, y con apoyo de Migración Ecuador e Inteligencia Militar, logró la captura de Luis Rolando Osorio, alias Mizón, identificado como máximo cabecilla de la estructura delincuencial Los Maracuchos. El operativo permitió su deportación desde Ecuador, país desde el cual fue expulsado por considerarlo una amenaza transnacional para la seguridad pública.
El detenido cuenta con un amplio y violento prontuario criminal. Es requerido por homicidio agravado en concurso con tortura, además de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, municiones y estupefacientes. De acuerdo con las autoridades, bajo su mando la organización estaría vinculada a por lo menos nueve homicidios, así como a múltiples hechos de violencia asociados al control territorial de economías ilícitas. Su trayectoria delictiva se extendería por cerca de diez años, periodo durante el cual consolidó poder dentro del entramado criminal urbano.
Las investigaciones también señalan que alias Mizón mantenía presuntos vínculos con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, lo que reforzaba su perfil como articulador de redes delictivas entre varios países. Debido a su peligrosidad y capacidad de mando, figuraba en el cartel de los más buscados de Bogotá.
Según información oficial, fue recibido como deportado por Migración Colombia en el paso fronterizo de Rumichaca y puesto inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales colombianas para su proceso de judicialización.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que el capturado comandaba una red criminal dedicada al control de bares, pagadiarios y puntos de expendio de estupefacientes vinculados a Los Maracuchos, especialmente en las localidades de Los Mártires y Kennedy. En estos sectores habría operado durante años, consolidando una reputación violenta que lo convirtió en figura dominante dentro del entorno criminal.
Tras su deportación, alias Mizón permanece bajo custodia de las autoridades colombianas, a la espera de las audiencias judiciales que definirán su situación legal y las imputaciones formales por los delitos que se le atribuyen.
