Una investigación judicial en Argentina ha reavivado una de las mayores controversias políticas del gobierno de Javier Milei, tras la aparición de nuevos documentos que sugieren que el presidente habría recibido o acordado recibir cinco millones de dólares a cambio de promocionar la criptomoneda Libra, un proyecto que colapsó poco después de su lanzamiento y que ahora es investigado como una posible estafa financiera masiva.
La información surge de peritajes realizados sobre el teléfono del empresario cripto Mauricio Novelli, una de las figuras vinculadas al desarrollo y promoción del proyecto. Según documentos recuperados por investigadores judiciales, existiría un acuerdo preliminar en el que se describen pagos por un total de cinco millones de dólares asociados a la promoción pública del token. El documento mencionaría un esquema que incluía un pago inicial, un incentivo por la difusión del proyecto en redes sociales y compensaciones posteriores relacionadas con el desempeño del activo en el mercado.
La criptomoneda Libra apareció públicamente a comienzos de 2025 en medio de una narrativa que prometía financiar emprendimientos tecnológicos en Argentina bajo un discurso alineado con la agenda liberal del gobierno. El proyecto se difundió rápidamente en comunidades cripto y ganó visibilidad después de que Milei publicara en sus redes sociales un mensaje celebrando la iniciativa y sugiriendo que podía convertirse en una herramienta de inversión vinculada al desarrollo económico del país. La publicación generó un inmediato aumento en el volumen de compras del token.
En cuestión de minutos el precio de la moneda digital se disparó de forma abrupta, multiplicando su valor varias veces. Sin embargo, pocas horas después del pico inicial comenzaron ventas masivas desde billeteras que concentraban una gran proporción del suministro del token. La liquidación repentina provocó un desplome casi total del precio, dejando a miles de inversores con pérdidas mientras los primeros participantes del proyecto obtenían ganancias millonarias. Este patrón coincide con lo que en el ecosistema cripto se conoce como un esquema de “pump and dump”, una práctica en la que se infla artificialmente el valor de un activo para venderlo antes del colapso.
Las estimaciones preliminares de analistas del mercado señalan que decenas de miles de personas pudieron haber invertido en Libra durante las horas de mayor euforia del lanzamiento. Muchos de ellos lo hicieron después de la publicación del presidente, que fue interpretada por seguidores y especuladores como una señal de respaldo institucional o al menos de legitimidad política. Cuando el token se desplomó, el mensaje fue eliminado de la cuenta presidencial, lo que intensificó las sospechas y abrió una tormenta política que pronto se trasladó a los tribunales.
Desde el comienzo del escándalo, Milei ha rechazado cualquier acusación de haber participado en una estafa. El presidente ha afirmado que difundió el proyecto creyendo que se trataba de una iniciativa privada destinada a financiar emprendimientos y que no tenía conocimiento de los detalles técnicos ni de la estructura financiera del token. También ha sostenido que su publicación fue simplemente un comentario personal sobre un proyecto que le había sido presentado, y que no implicaba un respaldo oficial ni una recomendación de inversión. Se recuerdan sus insultos en la red X a sus opositores.
Sin embargo, las nuevas evidencias encontradas en el dispositivo de Novelli complican la narrativa defensiva del gobierno. Investigadores habrían identificado intercambios de mensajes, registros de reuniones y referencias a un contrato en el que se describen pagos asociados a la promoción pública del proyecto. Aunque los fiscales todavía no han confirmado que el dinero haya sido efectivamente transferido, la existencia de un acuerdo de promoción pagada podría cambiar la naturaleza jurídica del caso, transformándolo de un episodio de imprudencia política en un posible caso de fraude y corrupción.
La controversia ha tenido un impacto inmediato en el sistema político argentino. Sectores de la oposición han presentado denuncias penales y algunos legisladores ya impulsan iniciativas para abrir un proceso de investigación parlamentaria. En el Congreso se discute la posibilidad de convocar una comisión especial para examinar el papel del presidente y determinar si el uso de su figura pública para promover una inversión privada podría constituir un abuso de poder o un conflicto de intereses.
El escándalo también ha reavivado críticas previas sobre la relación de Milei con proyectos financieros de alto riesgo. Antes de llegar a la presidencia, el economista había promocionado plataformas de inversión vinculadas al mundo de las criptomonedas que posteriormente enfrentaron acusaciones de fraude. Aunque esas controversias no tuvieron consecuencias judiciales en su momento, la repetición del patrón ha reforzado el argumento de sus críticos de que existe una conducta recurrente en su promoción de emprendimientos financieros especulativos.
La posibilidad de que el caso evolucione hacia una crisis institucional depende ahora tanto de la investigación judicial como de la dinámica política en el Congreso. En el sistema constitucional argentino, la destitución de un presidente sólo puede ocurrir mediante un proceso de juicio político. La Cámara de Diputados debe aprobar una acusación formal por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones u otras faltas graves, y posteriormente el Senado actúa como tribunal para decidir si corresponde la remoción del cargo.
Por el momento, el escenario de una destitución sigue siendo incierto. El oficialismo mantiene aliados parlamentarios que podrían bloquear una acusación formal, y algunos sectores de la oposición prefieren esperar el avance de la investigación judicial antes de impulsar un proceso institucional de esa magnitud. Sin embargo, el panorama podría cambiar rápidamente si aparecen pruebas directas de que el presidente recibió pagos o participó activamente en la estructura financiera del proyecto.
Si los fiscales lograran demostrar que existió un acuerdo económico para promocionar Libra y que dicha promoción influyó en las decisiones de inversión de miles de ciudadanos, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente del país. En ese escenario, la presión pública y política para iniciar un juicio político podría crecer de forma considerable.
Por ahora, el caso Libra sigue evolucionando entre filtraciones, investigaciones técnicas y enfrentamientos políticos. Lo que comenzó como una controversia dentro del mundo de las criptomonedas se ha transformado en una investigación con potencial para redefinir el futuro político de la presidencia de Milei y poner a prueba la capacidad de las instituciones argentinas para responder a un escándalo que mezcla finanzas digitales, poder político y presuntas redes de fraude internacional.
