La política de pena de muerte en Estados Unidos podría experimentar cambios significativos bajo la administración de Donald Trump, que evalúa incorporar nuevos métodos de ejecución ante las crecientes dificultades para acceder a los fármacos utilizados en la inyección letal.
De acuerdo con un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se plantea ampliar el protocolo vigente para permitir alternativas como el pelotón de fusilamiento, la electrocución y la asfixia con gas. La medida responde, en parte, a los obstáculos logísticos y legales que han surgido en torno al suministro de medicamentos para ejecuciones.
El documento fue divulgado por el fiscal general interino Todd Blanche, quien además autorizó avanzar en solicitudes de pena capital contra varios acusados por delitos federales graves. Esta línea de acción se da luego de que Trump revocara la moratoria que había establecido su antecesor, Joe Biden, sobre las ejecuciones a nivel federal.
Durante su primer mandato, Trump ya había reactivado la pena de muerte tras dos décadas de suspensión, con 13 ejecuciones realizadas mediante inyección letal en el tramo final de su gobierno. Ahora, la intención es no depender exclusivamente de ese método, especialmente ante la negativa de farmacéuticas —en muchos casos por restricciones internacionales como las impulsadas desde la Unión Europea— a suministrar los compuestos necesarios.
El informe también propone ajustar los procedimientos internos para acelerar los procesos relacionados con condenas a muerte, así como adoptar modelos que ya están contemplados en legislaciones estatales. Entre ellos, destacan métodos tradicionales como el fusilamiento y la silla eléctrica, junto con prácticas más recientes como la asfixia con nitrógeno, implementada por primera vez en Alabama en 2024.
Actualmente, solo tres reclusos permanecen en el corredor de la muerte federal tras las conmutaciones dictadas por Biden: Dzhokhar Tsarnaev, Dylann Roof y Robert Bowers. Ninguno tiene aún fecha definida de ejecución, debido a los extensos procesos de apelación que caracterizan este tipo de casos.
El debate jurídico sigue siendo intenso. Cada vez que se introduce un nuevo método de ejecución, surgen demandas que cuestionan su constitucionalidad bajo la prohibición de castigos crueles e inusuales. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos no ha declarado ilegal ningún método aprobado hasta ahora.
Mientras tanto, varios estados han retomado prácticas antiguas ante los mismos problemas de abastecimiento. Algunos han reinstaurado el pelotón de fusilamiento y otros avanzan hacia métodos alternativos como el uso de gas. Todo esto ocurre en medio de un debate ético y legal que sigue dividiendo a la sociedad estadounidense sobre la aplicación de la pena capital y, más aún, sobre lo que consideran un regreso a métodos bárbaros como fusilamientos y electrocuciones.
