¿Qué interés tenía realmente el entonces fiscal Daniel Hernández en el denominado caso de la “narcofinca” de Guasca? Esa es una de las preguntas que vuelve a surgir tras la absolución del exembajador Fernando Sanclemente en el proceso por presunta destrucción y ocultamiento de pruebas relacionadas con un laboratorio de droga hallado en una de sus propiedades en Cundinamarca.
La decisión judicial reabrió el debate sobre el manejo de una investigación que, desde sus inicios, estuvo rodeada de polémica política, filtraciones y dudas sobre el alcance real de las acusaciones. La jueza concluyó que la Fiscalía no logró demostrar, más allá de toda duda razonable, que Sanclemente hubiera participado en acciones para alterar o eliminar evidencias dentro del proceso.
Durante el juicio, la defensa del exembajador rechazó una de las hipótesis más controversiales del expediente: la supuesta utilización de cultivos de papa para ocultar actividades ilícitas dentro del predio. Según los abogados, las “papas” mencionadas en interceptaciones telefónicas correspondían efectivamente a cultivos agrícolas y no a códigos relacionados con narcotráfico. Además, sostuvieron que los audios revelaban preocupación de trabajadores de la finca por la posibilidad de que Sanclemente descubriera la existencia de laboratorios clandestinos en el lugar.
El caso se originó el 12 de febrero de 2021, cuando autoridades colombianas y estadounidenses realizaron un operativo en una finca ubicada en Guasca, Cundinamarca. En el lugar fueron encontrados 6.896 kilos de sustancias químicas utilizadas para el procesamiento de cocaína, además de nueve kilos de cocaína y pasta base que quedaron bajo cadena de custodia.
Durante el procedimiento fueron capturadas cinco personas señaladas de custodiar y operar tres laboratorios clandestinos instalados dentro del predio. Posteriormente, un juez les impuso medida de aseguramiento por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y manejo de sustancias para el procesamiento de narcóticos.
Las investigaciones indicaban que una estructura criminal utilizaba la propiedad para procesar cocaína antes de distribuirla. Sin embargo, la sociedad “Las Colinas de Guasca”, vinculada al predio, insistió desde el comienzo en que ninguno de sus socios o administradores tenía conocimiento de las actividades ilegales detectadas por las autoridades.
Con la absolución de Sanclemente, ahora varias miradas se dirigen hacia la actuación de la Fiscalía y, en particular, al papel que desempeñó el entonces fiscal Daniel Hernández en una investigación que tuvo amplio impacto mediático y político. Sectores cercanos a la defensa consideran que el proceso avanzó con una narrativa que buscaba conectar directamente al exembajador con el narcotráfico pese a la falta de pruebas concluyentes.
La controversia también revive interrogantes sobre si existió un interés particular en sostener una línea investigativa contra Sanclemente, aun cuando las pruebas terminaron siendo insuficientes ante los tribunales. Mientras tanto, el caso de la “narcofinca” continúa siendo uno de los expedientes más sensibles y discutidos de los últimos años en Colombia.
