Una operación internacional contra la explotación sexual infantil dejó al descubierto uno de los casos más atroces conocidos recientemente en Medellín. Las autoridades revelaron que bebés de apenas 10 meses de edad eran sometidos a torturas y abusos extremos para producir contenido sexual que luego era vendido a consumidores en el extranjero.
El caso fue dado a conocer por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó los hechos como “inhumanos” y aseguró que las víctimas sufrían agresiones deliberadas para generar dolor, debido a que los compradores exigían escenas cada vez más violentas durante transmisiones en vivo.
La denominada “Operación Alpha MASI” permitió capturar a 11 personas vinculadas con esta red criminal: siete en Medellín, una en Cartagena y tres más en Estados Unidos. Entre los detenidos aparecen familiares directos de los menores, incluidas madres, tías y primas, señaladas de facilitar los abusos y entregar a los niños para la producción del material.
Las víctimas rescatadas tenían edades entre los 10 meses y los 13 años. Según la investigación, los agresores grababan y transmitían los abusos mediante plataformas digitales y canales cifrados para clientes internacionales que pagaban grandes sumas de dinero por contenido cada vez más cruel.
Las autoridades documentaron transacciones de hasta 63.000 dólares, equivalentes a más de 227 millones de pesos colombianos, por la comercialización de estos videos. Los pagos eran realizados desde el exterior utilizando métodos tecnológicos diseñados para ocultar el rastro financiero.
La investigación se desarrolló durante cuatro meses y contó con el apoyo de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y agencias estadounidenses como Homeland Security Investigations (HSI). El caso comenzó tras el hallazgo de material audiovisual encontrado en dispositivos decomisados en ciudades como Boston, Miami y Columbus, donde investigadores detectaron que los abusos estaban siendo cometidos en Colombia.
Uno de los aspectos que más indignación ha causado entre las autoridades es que varios de los niños eran atacados dentro de sus propios hogares y por personas de su entorno familiar más cercano. Los siete capturados en Medellín fueron enviados a prisión preventiva y enfrentarán cargos por acceso carnal violento, pornografía infantil agravada, proxenetismo y trata de personas.
Durante su pronunciamiento, Gutiérrez advirtió que la sociedad no puede normalizar niveles tan extremos de violencia contra la infancia y lanzó una dura reflexión sobre el entorno familiar de las víctimas
