Lo que comenzó como un proyecto estratégico para reforzar el sistema de transmisión eléctrica del centro del país se ha convertido en uno de los debates ambientales más complejos de la Sabana de Bogotá. La suspensión temporal del trámite de modificación de la licencia ambiental del proyecto Chivor II Norte 230 kV abrió un nuevo capítulo en la disputa entre la expansión energética y la protección de los ecosistemas que sobreviven entre Cogua, Tabio, Subachoque y Zipaquirá.
La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) llegó después de las audiencias públicas realizadas en mayo, donde organizaciones ciudadanas, expertos y habitantes expusieron preocupaciones sobre posibles afectaciones a corredores biológicos, fuentes hídricas y especies de fauna silvestre, entre ellas el tigrillo lanudo, considerado una especie vulnerable.
El caso ha sido bautizado por varios sectores como la “Ruta del Tigrillo”, una referencia a los corredores naturales que conectan relictos de bosque andino y que, según los opositores, podrían verse fragmentados por la instalación de infraestructura eléctrica asociada al proyecto.
Desde la perspectiva de Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá, Chivor II no es una obra más. La compañía sostiene que el proyecto permitirá ampliar la capacidad de transmisión eléctrica hacia las regiones Centro y Oriente, donde se concentra cerca de una cuarta parte de la población colombiana. La infraestructura contempla líneas y subestaciones estratégicas para fortalecer la confiabilidad del sistema.
La empresa ha insistido en que el retraso de proyectos de transmisión genera riesgos crecientes para el abastecimiento energético nacional, especialmente en momentos en que el país registra aumentos históricos en la demanda de electricidad y enfrenta incertidumbres asociadas al fenómeno de El Niño.
No se trata de una advertencia aislada. En las últimas semanas distintos sectores energéticos y gremiales han alertado sobre la necesidad de acelerar obras de infraestructura para evitar escenarios de desabastecimiento en los próximos años.
Sin embargo, para los habitantes que se oponen al proyecto, el debate trasciende la construcción de torres y líneas eléctricas. Las comunidades argumentan que la Sabana enfrenta una creciente presión urbanística y ambiental, por lo que nuevas intervenciones deben evaluarse con extremo rigor. Entre las preocupaciones expuestas durante las audiencias aparecen posibles impactos sobre nacimientos de agua, humedales, bosques andinos y corredores ecológicos utilizados por mamíferos silvestres.
La suspensión decretada por la ANLA no representa una cancelación definitiva del proyecto, pero sí envía una señal clara: la autoridad ambiental considera que existen elementos técnicos y sociales que requieren una revisión más profunda antes de continuar con el trámite.
Lo que ocurre con Chivor II refleja un fenómeno cada vez más frecuente en Colombia. Los proyectos considerados estratégicos para la transición energética y la seguridad del suministro enfrentan crecientes exigencias ambientales y sociales.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre dos necesidades igualmente legítimas: garantizar electricidad para millones de usuarios y proteger ecosistemas que cumplen funciones esenciales para el abastecimiento de agua y la conservación de la biodiversidad.
La pregunta de fondo ya no es únicamente si Chivor II debe construirse o no. La discusión gira alrededor de cómo hacerlo, bajo qué condiciones y con qué garantías para las comunidades y los ecosistemas.
Mientras la ANLA analiza la información adicional y las observaciones ciudadanas, el futuro del proyecto permanece en suspenso. Entre las torres proyectadas y los bosques de la Sabana, el tigrillo se ha convertido en el símbolo de una disputa que resume uno de los grandes dilemas del desarrollo colombiano: energía para crecer o conservación para sobrevivir.
