Las autoridades colombianas lograron la extradición de Mayerly Arévalo, señalada por la Fiscalía como una de las presuntas piezas clave en una compleja red de lavado de activos vinculada al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La mujer llegó al país procedente de Buenos Aires, Argentina, donde fue capturada y puesta a disposición de las autoridades colombianas tras un proceso de cooperación judicial internacional.
A su arribo al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Arévalo fue recibida por funcionarios de Migración Colombia e Interpol, quienes formalizaron su entrega a las autoridades judiciales para que responda por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado.
De acuerdo con la investigación, la procesada habría construido una imagen de empresaria con influencia y actividades comerciales en el departamento de Arauca, una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales. Sin embargo, las autoridades sostienen que esa actividad empresarial habría servido como una fachada para ocultar y legalizar recursos provenientes de las finanzas ilícitas del ELN.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) aseguró que Arévalo estaría involucrada en operaciones de lavado de dinero que podrían superar los 885.000 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los casos más relevantes dentro de las investigaciones recientes contra las estructuras económicas de esa organización guerrillera.
Su captura y posterior extradición hacen parte de una estrategia liderada por la Fiscalía General de la Nación para debilitar las fuentes de financiación del ELN. Desde 2025, las autoridades han intensificado las acciones contra redes empresariales y financieras que presuntamente han servido para mover, ocultar e invertir recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
En octubre del año pasado, una serie de operativos simultáneos realizados en Colombia y Argentina permitió la captura de ocho presuntos integrantes de esta estructura criminal, seis de ellos en territorio colombiano y dos más en el país austral. Las investigaciones señalan que la organización habría operado durante al menos dos décadas, extendiendo sus actividades a departamentos como Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá.
Las autoridades consideran que la red desarrolló un sofisticado esquema financiero para mover grandes cantidades de dinero sin despertar sospechas. Parte de las operaciones se habrían realizado mediante corresponsales bancarios ubicados principalmente en Bogotá y Arauquita, mecanismo a través del cual se habrían movilizado cerca de 685.000 millones de pesos hacia distintas regiones del país con el objetivo de ocultar el origen de los recursos.
La investigación también reveló que una parte significativa de las transacciones identificadas fue realizada por ciudadanos venezolanos y que varias de ellas superaban los límites establecidos por los organismos de control financiero, lo que despertó alertas sobre posibles maniobras para evadir los sistemas de vigilancia bancaria.
Durante los allanamientos ejecutados por las autoridades fueron ocupados bienes y recursos considerados fundamentales para el proceso judicial. Entre los elementos incautados se encuentran 59 lingotes de oro valorados en más de 32.000 millones de pesos, 563 millones de pesos en efectivo, más de 22.000 dólares y abundante documentación contable relacionada con varias empresas investigadas.
Según la Fiscalía, los integrantes de la organización habrían constituido al menos cinco compañías fachada dedicadas a actividades como telecomunicaciones, construcción, servicios aéreos y proyectos agropecuarios. A través de estas sociedades, presuntamente habrían dado apariencia de legalidad a recursos por aproximadamente 83.500 millones de pesos, integrándolos al sistema económico formal.
Con la llegada de Mayerly Arévalo a Colombia, la Fiscalía espera avanzar en el esclarecimiento de la estructura financiera que durante años habría servido para administrar y ocultar recursos asociados al ELN. El caso es considerado una de las investigaciones más importantes en la lucha contra el lavado de activos y las finanzas de los grupos armados ilegales en los últimos años.
