La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este fin de semana el llamado a la participación ciudadana en la Segunda Consulta Popular Nacional prevista para el próximo 12 de julio, un mecanismo impulsado por el Gobierno para que comunidades organizadas seleccionen proyectos de inversión y desarrollo local. La convocatoria forma parte de la estrategia de fortalecimiento del llamado “poder popular” y de las estructuras comunales promovidas por el chavismo.
Durante una visita a la parroquia Altagracia, en Caracas, Rodríguez destacó que las comunas ya se encuentran realizando asambleas para definir propuestas y aseguró que en esta oportunidad también participarán juntas de condominio y asociaciones vecinales, ampliando la base organizativa de la consulta. La mandataria afirmó que “la comunidad organizada tiene el verdadero sentir de los problemas del país” y llamó a la población a mantenerse movilizada dentro del modelo de “democracia participativa y protagónica” defendido por el oficialismo.
La consulta del 12 de julio se desarrollará en un contexto político singular. Tras la intervención estadounidense de comienzos de 2026 y la posterior captura de Nicolás Maduro, el aparato institucional del chavismo no fue desmontado. Por el contrario, las principales estructuras del poder político, militar y territorial permanecieron intactas, permitiendo que Delcy Rodríguez asumiera la conducción del Ejecutivo con respaldo de los órganos del Estado y de la dirigencia oficialista.
En ese escenario, el chavismo ha optado por reforzar mecanismos de participación comunitaria y consultas locales mientras posterga la discusión sobre una elección presidencial competitiva. Aunque el Gobierno ha prometido eventuales comicios “libres y justos”, hasta ahora no existe un calendario electoral definido ni reformas institucionales profundas que modifiquen el equilibrio político heredado de la era Maduro.
Analistas han señalado que estas consultas populares cumplen una doble función para el oficialismo. Por un lado, permiten canalizar demandas sociales en medio de una compleja situación económica y de servicios públicos; por otro, fortalecen las redes territoriales de movilización que históricamente han constituido una de las principales bases de apoyo del chavismo. La incorporación de unas 120.000 juntas de condominio y 15.000 asociaciones de vecinos amplía además la influencia de estos procesos más allá de los tradicionales consejos comunales.
La estrategia refleja una paradoja política que caracteriza la Venezuela actual: pese a la intervención extranjera que alteró la cúpula del poder nacional, la arquitectura institucional y territorial construida por el chavismo durante más de dos décadas continúa operando y organizando procesos de participación bajo sus propias reglas. En consecuencia, el país mantiene dinámicas electorales y consultivas frecuentes, aunque el debate sobre la apertura de una competencia política plenamente plural y equilibrada sigue pendiente.
La parroquia Altagracia se encuentra en el municipio Libertador de Caracas, en el centro-norte de la capital venezolana. Es una de las parroquias históricas de la ciudad y concentra zonas residenciales, instituciones públicas, centros educativos y sectores populares que forman parte de la dinámica política y social del casco central caraqueño. Allí operan diversos consejos comunales y organizaciones vecinales integradas a los programas de participación comunitaria impulsados por el Gobierno nacional.
