La controversia en torno a la investigación que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sumó un nuevo episodio luego de que el abogado del presidente Gustavo Petro, Pedro Alejandro Carranza Cepeda, denunciara la presunta filtración de información reservada contenida en el expediente del caso.
A través de un comunicado divulgado tras conocerse la decisión del alto tribunal, el apoderado aseguró que uno de los documentos entregados por la defensa, correspondiente a una conversación por chat incorporada al proceso, habría llegado a manos de la prensa pese a estar amparado por la reserva legal que protege las actuaciones judiciales en esta etapa.
Según Carranza, un periodista de la revista Semana le informó que el medio tenía acceso al mismo chat que él había remitido a la Sala Especial de Instrucción, situación que, en su criterio, evidencia una posible filtración de un documento que únicamente debía ser conocido por las autoridades judiciales y las partes procesales.
El abogado sostuvo que, hasta donde tiene conocimiento, el contenido del expediente solo estaba disponible para la Corte Suprema de Justicia, la persona investigada y los respectivos representantes legales, por lo que pidió esclarecer el origen de la presunta divulgación y advirtió que este hecho podría afectar el normal desarrollo de la investigación.
En el pronunciamiento también expresó preocupación por las implicaciones que tendría la difusión de información reservada, al considerar que compromete tanto la integridad del proceso como su seguridad personal, debido a su condición de apoderado del jefe de Estado y denunciante dentro del caso.
Carranza cuestionó además el tratamiento informativo que ha recibido el expediente y afirmó que, a su juicio, se estaría promoviendo un “juicio paralelo” contra el presidente Gustavo Petro y contra quienes impulsaron la denuncia que dio origen a la actuación judicial.
El jurista anunció que ofrecerá declaraciones públicas una vez la Corte Suprema de Justicia autorice hacerlo, en atención a las restricciones impuestas por la reserva del proceso. Señaló que, en ese momento, ampliará la información sobre los hechos investigados y las denuncias presentadas ante las autoridades competentes.
Pese a sus cuestionamientos, reiteró su respeto por la administración de justicia y por la libertad de prensa, aunque insistió en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la reserva legal para proteger la transparencia de las actuaciones judiciales. La denuncia se produjo en medio de la investigación formal abierta por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta, quien es investigada por los presuntos delitos de prevaricato, tráfico de influencias y revelación de secreto.
La decisión de abrir el proceso quedó consignada en un auto de 46 páginas elaborado por el magistrado instructor Misael Rodríguez, en el que se recopilan diversos elementos probatorios obtenidos durante la fase preliminar de la investigación. Entre ellos figuran testimonios, registros de llamadas telefónicas, conversaciones mediante aplicaciones de mensajería, videos de cámaras de seguridad, análisis de geolocalización de dispositivos móviles y otros documentos incorporados al expediente.
De acuerdo con la Corte, las evidencias reunidas permiten inferir, en esta etapa inicial, la existencia de contactos y reuniones relacionados con los procesos que se adelantaban contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, aunque aclara que será el desarrollo de la investigación el que determine si esas conductas tienen relevancia penal.
El expediente no se limita a examinar la decisión mediante la cual Arizabaleta suspendió al mandatario cuando presidía esa comisión. También busca establecer si la entonces congresista realizó actuaciones encaminadas a influir en el trámite de procesos contra el jefe de Estado o utilizó su investidura para favorecer intereses ajenos al ejercicio de sus funciones.
Dentro de las pruebas practicadas por la Sala de Instrucción figuran las declaraciones del propio Pedro Alejandro Carranza, del entonces secretario de la Comisión de Acusaciones, Jairo Corzo; de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón; y del entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila, entre otros funcionarios y colaboradores.
El auto judicial también reconstruye una serie de reuniones que, según la investigación, se habrían realizado entre finales de 2025 y junio de 2026 en distintos puntos de Bogotá, incluida la residencia de Gloria Arizabaleta en La Calera, varios restaurantes y dependencias de la Casa de Nariño. Para verificar esos encuentros, el despacho instructor acudió a registros de cámaras de seguridad, informes técnicos, análisis de comunicaciones y demás evidencia documental.
La Corte Suprema precisó que la apertura de la investigación constituye apenas una etapa inicial del proceso y que su propósito es profundizar en la práctica de pruebas, contrastar las versiones de los involucrados y establecer si existen méritos para atribuir responsabilidad penal por los hechos objeto de investigación.
En ese contexto, la denuncia formulada por el abogado del presidente añade un nuevo elemento al debate sobre el manejo de la información reservada dentro del proceso, mientras la Sala de Instrucción continúa con la recolección y valoración de las pruebas que sustentarán las decisiones posteriores del alto tribunal.
