Un hombre de 56 años habría sido asesinado como parte de un plan para apoderarse de la vivienda en la que residía, en una zona rural de Apartadó, Antioquia. La investigación de la Fiscalía General de la Nación terminó con la judicialización de dos personas, quienes presuntamente participaron en el crimen ocurrido hace casi cuatro años.
Los procesados son Julia del Carmen Pérez Pérez, de 62 años, y Jesús María Torreglosa Polo, de 65. Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías por su presunta participación en el homicidio registrado el 26 de diciembre de 2022 en la vereda El Osito, jurisdicción de Apartadó, en el Urabá antioqueño.
Según la investigación, la víctima compartía la vivienda con los dos ahora procesados. Esta relación de convivencia habría sido determinante para ejecutar el ataque, pues permitió que los sospechosos conocieran sus rutinas y actuaran sin despertar sus sospechas.
La Fiscalía sostiene que Pérez Pérez, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, habría iniciado una discusión con el hombre con el propósito de distraerlo. En medio de esa situación, Torreglosa Polo presuntamente lo atacó por la espalda con un arma cortopunzante y le causó una herida mortal en el cuello.
Las pesquisas posteriores permitieron establecer que detrás del homicidio habría existido un propósito concreto: quedarse con el inmueble donde vivía la víctima. Sin embargo, el plan habría partido de una premisa equivocada. Los investigadores descubrieron que los procesados aparentemente desconocían que la casa no pertenecía legalmente al hombre asesinado.
De esta manera, el supuesto objetivo económico que habría motivado el crimen no podía concretarse, ya que la víctima no era formalmente propietaria del inmueble. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía presentó los elementos materiales probatorios obtenidos durante la investigación y les imputó a los dos procesados el delito de homicidio agravado. Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
Aunque la Fiscalía solicitó que fueran sometidos a una medida de aseguramiento, el juez determinó que la privación de la libertad se cumpliera en sus respectivos domicilios, teniendo en cuenta la edad de los investigados. La decisión no significa que el proceso penal haya terminado ni que se haya establecido su responsabilidad de manera definitiva. La Fiscalía continuará con las actuaciones encaminadas a esclarecer completamente lo ocurrido y avanzar hacia las siguientes etapas del proceso.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la violencia que puede surgir en contextos de convivencia y los riesgos asociados a disputas por bienes e inmuebles en zonas rurales. La investigación deberá determinar ahora el grado de participación de cada uno de los procesados y si las pruebas reunidas permiten llevar el caso a juicio oral.
Fiscalía, Apartadó, Antioquia.
