La desaparición de Linda Razzell, ocurrida hace décadas en Inglaterra, vuelve a ocupar el centro de la atención judicial por una razón que para su familia sigue siendo imposible de aceptar: su cuerpo nunca fue encontrado y el hombre condenado por su asesinato podría recuperar la libertad.
Glyn Razzell, esposo de Linda y condenado a cadena perpetua por el crimen, recibió en enero de 2026 una decisión favorable de la Junta de Libertad Condicional, que consideró que mantenerlo encarcelado ya no era necesario para garantizar la seguridad de la sociedad. Sin embargo, la medida fue remitida para una nueva revisión judicial y ahora deberá ser examinada por el Tribunal Superior.
La familia de Linda se prepara para asistir a una audiencia de dos días en la que expondrá públicamente, por primera vez con esta intensidad, las consecuencias que ha tenido durante años la ausencia de respuestas sobre el paradero de la víctima. Cat, una de las hijas de Linda, y otros familiares presentarán sus declaraciones de impacto, después de haber afrontado durante décadas el dolor prácticamente en privado.
El caso comenzó cuando Linda, originaria de Somerset, desapareció mientras atravesaba un proceso de divorcio con Razzell. Poco antes de perderse su rastro, había acudido a un banco con una orden judicial para congelar las cuentas de su entonces esposo.
Después de la desaparición, Razzell llegó a participar en llamados públicos para localizar a su esposa. Posteriormente fue detenido y acusado de haberla asesinado. Un tribunal lo declaró culpable y le impuso una condena de cadena perpetua, con un período mínimo de 16 años, que terminó en 2019.
A pesar de haber cumplido ese tiempo, sus primeros intentos de obtener la libertad condicional fueron rechazados. En 2021, incluso se convirtió en el primer preso al que se le negó este beneficio bajo la denominada Ley de Helen, legislación que obliga a considerar, en las decisiones de libertad condicional, la circunstancia de que un condenado por asesinato haya ocultado el cuerpo de su víctima.
La norma surgió después de una prolongada campaña encabezada por Marie McCourt, cuya hija Helen fue asesinada y desapareció en 1988. McCourt ha defendido durante años que quienes esconden los restos de sus víctimas deben enfrentar consecuencias adicionales y que la ausencia de un cuerpo no puede convertirse en una herramienta para prolongar indefinidamente el sufrimiento de los familiares. En el caso de Linda, la familia sostiene que Razzell continúa teniendo información fundamental sobre lo ocurrido después del asesinato y sobre el lugar donde fueron ocultados sus restos. Esa información, aseguran, nunca ha sido entregada.
La situación resulta todavía más dolorosa porque Linda era madre de cuatro hijos, todos menores de 14 años cuando fue asesinada. Tras su muerte, los niños quedaron al cuidado de familiares cercanos, quienes se encargaron de criarlos y acompañarlos mientras crecían sin conocer qué había ocurrido con su madre ni dónde podían encontrar sus restos.
Cat recuerda que durante su infancia fue testigo de los malos tratos que su madre sufría dentro de la relación. Según relató, Linda padeció abusos físicos, emocionales y económicos después de la separación de la pareja. En dos ocasiones, Razzell fue llevado ante los tribunales por agresiones, pero terminó absuelto.
Para Cat, la imposibilidad de recuperar los restos de su madre ha tenido consecuencias que van mucho más allá de la investigación criminal. La familia no ha podido realizar un entierro ni disponer de un lugar al cual acudir para recordarla, una ausencia que, sostiene, ha interferido profundamente en el proceso de duelo. “Es un ritual, tanto para honrar a esa persona como para que los vivos recuerden a los muertos”, explicó Cat. A su juicio, privar a una familia de esa posibilidad significa también arrebatarle una parte esencial de la despedida.
La hija de Linda asegura que durante años tuvo dificultades para procesar lo sucedido. Aunque conserva recuerdos afectuosos de su madre, a quien describe como una mujer generosa, inteligente y dedicada a sus hijos, reconoce que durante mucho tiempo no pudo reflexionar plenamente sobre su pérdida.
La posibilidad de que Razzell salga de prisión ha reabierto esas heridas. Cat cuestiona que la Junta de Libertad Condicional haya considerado que el condenado ya no representa un peligro suficiente para justificar su permanencia en prisión, especialmente teniendo en cuenta que, según la propia evaluación de las autoridades, todavía posee información relacionada con la desaparición del cuerpo. “No hay ninguna prueba de que mi padre sea menos peligroso ahora que el día en que cometió ese crimen”, afirmó.
La familia, sin embargo, insiste en que su propósito no es necesariamente mantener a Razzell encarcelado de por vida. Lo que reclama, principalmente, es conocer la verdad y recuperar aquello que perdió con la desaparición de Linda: la posibilidad de darle sepultura y cerrar, al menos parcialmente, una historia que permanece abierta. “No deseo que mi padre muera en prisión. Se trata de que nos den la información que necesitamos y de que, como sociedad, digamos: ‘Esto es inaceptable y habrá consecuencias’”, expresó Cat.
La activista Marie McCourt también se ha pronunciado contra la decisión de conceder la libertad condicional y ha pedido al Gobierno británico que revise las normas relacionadas con los condenados que ocultan los restos de sus víctimas. Considera que la legislación vigente todavía resulta insuficiente y ha planteado que se adopten medidas similares a las que se están impulsando en Irlanda del Norte, donde se estudia una regulación más estricta.
Ahora, la decisión sobre el futuro de Glyn Razzell queda nuevamente en manos de la justicia. Mientras se desarrolla la revisión, la familia de Linda afronta una audiencia que representa mucho más que una discusión sobre la libertad de un condenado: es una nueva oportunidad para exigir respuestas sobre una mujer cuyo paradero continúa siendo desconocido y cuya ausencia, más de tres décadas después, sigue marcando la vida de sus hijos.
