La crisis de Metalfor, uno de los principales fabricantes argentinos de maquinaria agrícola, expone una de las contradicciones más sensibles del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei: mientras la administración defiende la apertura, el equilibrio fiscal y la reducción del Estado como caminos hacia una economía más competitiva, sectores de la industria nacional enfrentan fuertes dificultades para sostener el empleo y su estructura productiva.
La compañía, especializada en pulverizadoras autopropulsadas y con sede en Marcos Juárez, Córdoba, cerró formalmente el procedimiento preventivo de crisis mediante el cual había planteado una reducción de hasta el **70 % de su plantilla**, que ronda los 600 trabajadores. La propuesta fue rechazada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que cuestiona la magnitud del ajuste y advierte sobre sus consecuencias laborales.
El cierre de esa instancia administrativa no significa que los despidos queden automáticamente habilitados. De acuerdo con Carlos García, abogado de la UOM, la finalización del procedimiento no autoriza por sí sola a la empresa a invocar fuerza mayor para desvincular trabajadores sobre la base de los argumentos expuestos durante la negociación.
El escenario, sin embargo, es particularmente delicado. Metalfor ya había desvinculado a 35 trabajadores de su planta de Noetinger y mantiene un programa de retiros voluntarios. El problema es que, según fuentes citadas en el ámbito empresarial, la compañía ni siquiera dispondría actualmente de los recursos suficientes para afrontar las indemnizaciones o compensaciones asociadas a esas salidas. A esto se suma otra señal preocupante: los salarios no estarían siendo abonados normalmente, sino mediante pagos parciales y con retrasos.
La situación adquiere una dimensión todavía mayor porque, según fuentes que siguen de cerca el caso, Metalfor enfrenta **dos pedidos de quiebra** y estaría evaluando presentarse en concurso preventivo de acreedores. La reducción de personal tendría, en ese contexto, el propósito de disminuir costos antes de ingresar formalmente en ese proceso. Los directivos de la compañía, por ahora, mantienen silencio y no han respondido a las consultas sobre el futuro de la empresa.
El caso resulta especialmente significativo porque Metalfor no es una compañía improvisada ni un actor marginal de la economía argentina. Fue fundada en 1974 por Luis Dadomo y, después de un período de expansión, trasladó su operación a Marcos Juárez en 1993. En 2002 comenzó su expansión internacional con la llegada a Brasil y adquirió posteriormente la planta que había pertenecido a Araus en Noetinger. En 2017, la empresa y sus activos pasaron a manos de Bertotto Boglione, también de capitales nacionales y radicada en Córdoba.
Más llamativo aún resulta que la actual crisis se produzca después de una importante operación de financiamiento internacional. Metalfor consiguió en 2025 un crédito de US$50 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC), con un plazo de ocho años. El financiamiento fue presentado entonces como un respaldo excepcional para la compañía y como una señal de confianza internacional en una empresa argentina de maquinaria agrícola.
Un año antes, además, el economista Martín Redrado había sido incorporado para encabezar la reestructuración financiera, gestionar la relación con los bancos y ordenar las obligaciones de la compañía. El problema central era una estructura de deuda con una elevada concentración de vencimientos inmediatos, que había generado graves tensiones de liquidez.
El crédito internacional modificó parcialmente esa estructura al aportar financiamiento de mayor plazo y respaldo institucional. Sin embargo, menos de un año después de concretarse la operación, la empresa vuelve a encontrarse frente a un escenario de ajuste laboral de enormes proporciones.
Y allí aparece el interrogante político que trasciende a Metalfor. El gobierno de Javier Milei ha construido buena parte de su discurso económico sobre la idea de que la estabilización macroeconómica, la reducción del déficit, la desregulación y una mayor exposición de las empresas a las reglas del mercado permitirán recuperar la competitividad argentina. El argumento oficial sostiene que el período de transición puede ser doloroso, pero que el sacrificio presente es necesario para construir una economía más eficiente.
El problema es que la industria necesita algo más que estabilidad macroeconómica para sobrevivir. Necesita crédito accesible, demanda interna, condiciones de competencia razonables, inversión, previsibilidad y una política industrial capaz de evitar que la apertura económica termine favoreciendo principalmente a productores extranjeros con estructuras de costos y financiamiento diferentes.
El caso Metalfor permite observar esa tensión con claridad. Se trata de una empresa vinculada directamente con el sector agropecuario, precisamente uno de los sectores estratégicos de la economía argentina. Si incluso un fabricante nacional de maquinaria agrícola con décadas de trayectoria, presencia internacional y acceso a un crédito de US$50 millones enfrenta dificultades para sostener su plantilla, resulta legítimo preguntarse hasta qué punto la recuperación macroeconómica se está traduciendo en una recuperación productiva.
También existe otra contradicción que merece atención: un préstamo internacional de largo plazo puede aliviar la estructura financiera de una empresa, pero no necesariamente resuelve el problema de fondo si no existe suficiente mercado para sus productos o si los costos internos y las condiciones de competencia deterioran su capacidad productiva. El ajuste de Metalfor, por tanto, no debería interpretarse únicamente como el problema financiero de una compañía. Es también una señal sobre las dificultades que atraviesa parte de la industria argentina en la transición económica impulsada por Milei.
La eventual pérdida de hasta 70 % de los puestos de trabajo no representa solamente una cifra empresarial. En una ciudad industrial como Marcos Juárez, semejante reducción tiene efectos sobre proveedores, comercios, familias y toda la cadena productiva vinculada con la maquinaria agrícola.
La discusión de fondo queda así planteada: ¿la Argentina de Milei está construyendo una industria más competitiva o está atravesando un proceso de selección en el que sobrevivirán únicamente las empresas capaces de resistir un ajuste profundo, aun a costa de una fuerte destrucción de empleo?
La respuesta dependerá, en buena medida, de si la estabilización económica termina acompañada por inversión productiva, expansión del crédito y recuperación de la demanda, o si el costo de la transformación termina concentrándose, una vez más, sobre trabajadores y empresas nacionales. Metalfor es, en ese sentido, mucho más que un caso empresarial. Es un termómetro de una transición económica cuyos resultados todavía están lejos de estar definidos.
