La emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia vuelve a generar cuestionamientos sobre la coordinación de la ayuda internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que una brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), preparada y acreditada para intervenir en este tipo de desastres, no pudo ingresar al país porque las autoridades colombianas exigieron una certificación adicional.
La revelación introduce un elemento particularmente sensible en medio de una emergencia en la que cada hora puede resultar determinante para localizar y rescatar personas atrapadas entre estructuras colapsadas. De acuerdo con Sheinbaum, México tenía dispuesta la brigada para desplazarse a Colombia, pero el procedimiento de autorización exigido por las autoridades del país impidió finalmente su participación.
La mandataria mexicana explicó que los rescatistas cuentan con certificación, pero que Colombia solicitó otra acreditación para permitir su intervención. La información fue divulgada durante su conferencia matutina y coloca bajo la lupa los mecanismos utilizados por el Gobierno colombiano para aceptar, coordinar y desplegar equipos extranjeros durante la emergencia.
El episodio resulta especialmente controvertido porque México posee una amplia experiencia en operaciones de búsqueda y rescate después de terremotos. Sus equipos militares y civiles han participado en numerosas emergencias nacionales e internacionales y cuentan con capacidades especializadas para localizar personas atrapadas, incluyendo binomios caninos y personal entrenado para trabajar en estructuras colapsadas.
Por ello, el problema no parece reducirse únicamente a la existencia de una certificación. En una catástrofe de gran magnitud, los protocolos son necesarios para evitar improvisaciones, coordinar equipos y garantizar la seguridad tanto de los rescatistas como de las víctimas. Pero también surge una pregunta difícil de ignorar: ¿hasta qué punto los trámites administrativos pueden convertirse en un obstáculo cuando existe una oferta concreta de ayuda especializada durante una emergencia?
La controversia se vuelve mayor porque Colombia sí ha aceptado otro tipo de asistencia internacional. México ha enviado ayuda material, incluidos medicamentos y suministros, mientras que la negativa o imposibilidad de recibir a los equipos de rescate introduce una diferencia que merece ser explicada públicamente.
No se trata, por supuesto, de sostener que cualquier grupo extranjero deba ingresar automáticamente a una zona de desastre. Una operación de rescate internacional requiere coordinación con las autoridades nacionales, conocimiento de los protocolos locales, identificación de responsabilidades y mecanismos claros de seguridad. Permitir el ingreso de equipos sin coordinación podría incluso generar más problemas que soluciones. Pero precisamente por eso la pregunta central debería ser otra: ¿existía una razón operativa real para impedir el ingreso de la brigada mexicana o el obstáculo fue esencialmente burocrático? La diferencia es fundamental.
Si Colombia dispone de equipos nacionales suficientes y técnicamente preparados para atender las zonas afectadas, como han sostenido algunas versiones sobre la respuesta a la emergencia, la decisión podría entenderse como parte de una estrategia de coordinación destinada a evitar la llegada desordenada de grupos internacionales. Pero si existían necesidades concretas de búsqueda y rescate y, al mismo tiempo, había equipos especializados disponibles para ayudar, la exigencia de una certificación adicional merece una explicación mucho más detallada. En redes sociales, precisamente, se ha producido una fuerte discusión sobre si Colombia contaba con suficientes equipos o si la negativa terminó restringiendo recursos potencialmente útiles.
El asunto también tiene una dimensión diplomática. México ha construido durante décadas una imagen internacional asociada con la solidaridad ante desastres naturales. Sus equipos de rescate han participado en operaciones fuera del país y el Gobierno de Sheinbaum ha convertido esa cooperación en una de las expresiones de su política exterior.
De hecho, la experiencia mexicana reciente muestra que sus Fuerzas Armadas han sido utilizadas para desplegar personal, caninos, equipos médicos y herramientas de búsqueda en emergencias internacionales. Tras los terremotos que afectaron a Venezuela en junio de 2026, México envió cientos de efectivos, especialistas y binomios caninos para colaborar directamente en las labores de rescate.
Por eso, el caso colombiano plantea una paradoja: un país que necesita ayuda después de un terremoto puede tener razones legítimas para establecer controles sobre los equipos extranjeros, pero esos controles deben ser transparentes, rápidos y proporcionales a la urgencia humanitaria.
La gestión de una catástrofe no se mide únicamente por la cantidad de recursos disponibles, sino también por la capacidad de ponerlos en funcionamiento cuando son necesarios. La coordinación burocrática es importante, pero en una emergencia de esta naturaleza el tiempo tiene un valor que ningún certificado puede recuperar.
El Gobierno colombiano debería explicar con precisión qué certificación fue solicitada, qué organismo la exige, por qué la acreditación que ya poseía la brigada mexicana no era suficiente, cuándo fue presentada la solicitud de ingreso y si existieron conversaciones para resolver rápidamente el impedimento.
También sería pertinente conocer si la decisión obedeció a que Colombia consideraba innecesario el apoyo extranjero por contar con suficientes equipos propios. Si esa fue la razón, debería comunicarse de manera clara para evitar que un procedimiento administrativo termine interpretándose como un rechazo injustificado de solidaridad internacional.
La controversia no debería convertirse en una disputa política entre Colombia y México. Tampoco debería utilizarse para descalificar a los rescatistas colombianos, cuyo trabajo en medio de la tragedia merece reconocimiento. El verdadero debate es institucional: cómo debe actuar un Estado frente a una emergencia cuando otros países ofrecen recursos especializados y qué debe pesar más, la estricta aplicación de los protocolos o la necesidad de movilizar rápidamente toda capacidad disponible.
En una tragedia de estas dimensiones, la soberanía y la coordinación nacional son indispensables. Pero también lo es entender que la ayuda internacional no es un favor diplomático: puede convertirse en una herramienta para salvar vidas. La explicación de Sheinbaum deja, por ahora, una pregunta abierta que corresponde responder al Gobierno colombiano: si la brigada mexicana estaba preparada para ayudar y contaba con experiencia y acreditaciones, ¿por qué no se encontró una vía rápida para permitir su ingreso? La respuesta será importante no solo para aclarar este episodio, sino para evaluar la capacidad institucional de Colombia para coordinar futuras emergencias de gran magnitud. Así lo confirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
