Durante décadas, Suiza fue sinónimo de secreto bancario, discreción y seguridad para grandes fortunas, incluidas aquellas cuyo origen difícilmente podía explicarse. Gobernantes autoritarios, altos funcionarios y sus familias encontraron en el sistema financiero suizo un lugar donde proteger patrimonios que, en numerosos casos, estaban relacionados con corrupción, sobornos y saqueo de recursos públicos.
Esa imagen ha cambiado de manera sustancial. Suiza cuenta hoy con un amplio conjunto de normas que permiten identificar, congelar, confiscar y devolver activos vinculados con personas políticamente expuestas, incluso cuando los recursos llegaron al país a través de estructuras societarias, fundaciones u otros mecanismos destinados a ocultar a sus verdaderos beneficiarios.
Sin embargo, la respuesta a la pregunta de si Suiza dejó de ser un refugio seguro para el dinero robado por gobernantes corruptos y sus familias no es un sí rotundo. Es, más bien, un “a medias”. La razón está en la propia naturaleza del sistema de recuperación de activos. Que una persona sea un gobernante corrupto o esté vinculada a un régimen cuestionado no significa automáticamente que todo el dinero depositado en Suiza pueda ser confiscado. Para devolver esos recursos debe demostrarse jurídicamente su origen ilícito, ya sea mediante procedimientos en el país de origen o en Suiza. También resulta fundamental la cooperación judicial internacional.
El cambio no ocurrió de un día para otro. Uno de los antecedentes fundamentales se remonta a los años ochenta, cuando Suiza comenzó a enfrentarse a grandes casos relacionados con fortunas de gobernantes extranjeros, entre ellos el patrimonio vinculado al dictador filipino Ferdinand Marcos.
Con el paso de los años, el país fue construyendo un sistema para impedir que las instituciones financieras se limitaran a recibir el dinero sin preguntar por su procedencia. Actualmente, los bancos deben identificar al beneficiario económico de los fondos, aplicar controles reforzados a personas políticamente expuestas y reportar operaciones sospechosas a la Oficina Suiza de Comunicación en Materia de Blanqueo de Capitales. Además, el secreto bancario no impide las investigaciones penales ni la cooperación judicial internacional.
El proceso también puede comenzar antes de que exista una sentencia. Las autoridades suizas tienen facultades para congelar preventivamente activos cuando existen razones para sospechar que fueron obtenidos ilícitamente, con el objetivo de impedir que sean retirados mientras avanza la investigación.
En 2016 entró en vigor una legislación específica sobre congelamiento, confiscación y restitución de activos ilícitos pertenecientes a personas políticamente expuestas extranjeras. La norma permite incluso que, cuando la cooperación judicial con el país de origen no sea posible, el Gobierno suizo pueda iniciar procedimientos administrativos para buscar la confiscación y posterior restitución de determinados bienes.
Más de 2.000 millones de dólares devueltos. El resultado de esta transformación es significativo. Según el propio Gobierno suizo, el país ha devuelto más de 2.000 millones de dólares a Estados extranjeros mediante procesos de restitución de activos ilícitos. Suiza sostiene, además, que ha devuelto más activos robados que cualquier otro Estado y que acompaña los procesos para garantizar que el dinero recuperado termine beneficiando a las poblaciones de los países afectados.
Uno de los casos emblemáticos fue el relacionado con Vladimiro Montesinos, antiguo jefe de los servicios de inteligencia de Perú durante el Gobierno de Alberto Fujimori. Suiza terminó devolviendo alrededor de 92 millones de dólares procedentes de sobornos. El caso, sin embargo, también dejó una lección: parte de los recursos que regresaron a Perú terminó siendo utilizada de manera cuestionable, lo que llevó a las autoridades suizas a establecer mecanismos más estrictos para controlar la utilización de los fondos restituidos.
Desde entonces, los acuerdos de devolución pueden incluir reglas específicas sobre el destino del dinero, mecanismos de supervisión e incluso desembolsos por etapas, con el propósito de evitar que los recursos recuperados regresen a las redes de corrupción que originalmente permitieron su saqueo.
El gran obstáculo: demostrar que el dinero fue robado. El problema es que el dinero ilícito rara vez llega a una cuenta bancaria suiza con una etiqueta que diga “recursos provenientes de corrupción”. Los fondos suelen pasar por sociedades, fundaciones, intermediarios y operaciones financieras destinadas precisamente a ocultar su procedencia. Por eso, aunque un antiguo presidente o un familiar aparezca como titular o beneficiario de una cuenta, las autoridades necesitan pruebas suficientes para establecer la relación entre esos recursos y un delito.
Además, buena parte de los delitos se comete fuera de territorio suizo. Los fiscales y jueces suizos dependen entonces de la cooperación de las autoridades del país afectado para obtener documentos, testimonios y otras pruebas. Si ese Estado tiene instituciones judiciales débiles, enfrenta inestabilidad política o carece de voluntad para investigar a sus antiguos gobernantes, el proceso puede prolongarse durante años o incluso fracasar. Las estadísticas reflejan la magnitud de esa cooperación. En 2025, Suiza recibió al menos 20 solicitudes relacionadas específicamente con recuperación de activos y otras 33 relacionadas con la distribución internacional de bienes confiscados.
Suiza también tiene un punto débil. La transformación del sistema financiero suizo no significa que el país haya eliminado todos los riesgos relacionados con el dinero procedente de la corrupción internacional. Una de las zonas más controvertidas está relacionada con los sobornos pagados en el extranjero por empresas suizas. El caso de Glencore en la República Democrática del Congo es ilustrativo: en 2024, la Fiscalía suiza impuso a la compañía una multa de dos millones de francos suizos y ordenó la entrega de otros 150 millones de dólares correspondientes a beneficios obtenidos ilícitamente. Organizaciones congoleñas reclamaron que esos recursos fueran utilizados para compensar a la población afectada, pero el marco jurídico suizo no permitió reconocer a esas organizaciones o a la población congoleña como partes perjudicadas en el proceso. Los fondos permanecieron en las arcas del Estado suizo.
Existe, además, una diferencia fundamental entre congelar dinero y recuperarlo. Las autoridades pueden impedir temporalmente que unos fondos sean movilizados, pero la congelación no equivale automáticamente a confiscación ni significa que el dinero vaya a ser devuelto.
El caso venezolano ofrece un ejemplo reciente. En enero de 2026, el Gobierno suizo ordenó el congelamiento de activos que pudieran estar en Suiza vinculados con Nicolás Maduro y personas asociadas con su régimen. La medida fue presentada como una acción preventiva que permitiría facilitar eventuales procedimientos de asistencia judicial y determinar posteriormente el origen de los fondos.
Entonces, ¿sigue siendo Suiza un refugio para los corruptos? La respuesta más precisa es que Suiza dejó de ser el refugio prácticamente inexpugnable que representaba durante la época dorada del secreto bancario, pero sería exagerado afirmar que el problema desapareció.
El país posee actualmente uno de los sistemas más desarrollados del mundo para recuperar activos de origen ilícito y ha demostrado que está dispuesto a congelar, confiscar y restituir grandes fortunas vinculadas con corrupción. Pero el éxito de cada caso depende de pruebas, procesos judiciales y cooperación internacional.
Ahí está la paradoja: el dinero puede ser congelado, pero no necesariamente confiscado; puede ser confiscado, pero su devolución puede tardar años; y aun después de ser devuelto, existe el riesgo de que termine nuevamente en manos de redes corruptas si el país receptor carece de instituciones sólidas.
Suiza, por tanto, ya no puede ser descrita simplemente como la bóveda secreta de los dictadores. Se ha convertido también en un actor central en la recuperación internacional de fortunas ilícitas. Pero mientras siga existiendo dinero cuyo origen resulta difícil de rastrear, jurisdicciones extranjeras incapaces de investigar y estructuras financieras diseñadas para ocultar al verdadero propietario, la puerta al dinero corrupto no está completamente cerrada.
