El expresidente venezolano Nicolás Maduro busca evitar que avance el proceso penal que enfrenta en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. Su defensa pidió al juez federal Alvin Hellerstein, de Manhattan, que desestime la acusación al sostener que, por haber ejercido como jefe de Estado de Venezuela, Maduro estaría protegido por la inmunidad que el derecho internacional reconoce a determinados gobernantes extranjeros.
La solicitud fue presentada ante el tribunal federal de Nueva York que lleva el caso. Maduro, quien permanece detenido en una prisión federal de Brooklyn desde su captura el pasado 3 de enero, se ha declarado inocente de los cargos. De no prosperar la petición de su defensa, el proceso podría avanzar hacia una nueva etapa con una comparecencia prevista para junio de 2027.
El argumento de los abogados de Maduro se apoya en dos pilares. Por un lado, sostienen que un jefe de Estado extranjero goza de inmunidad frente a la jurisdicción penal de otro país. Por otro, afirman que las conductas atribuidas a su cliente corresponden a actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones oficiales.
El abogado Barry Pollack calificó el proceso como excepcional y sostuvo que desconoce una protección que, según su interpretación, ha sido reconocida durante siglos a los jefes de Estado y a funcionarios extranjeros cuando actúan oficialmente. La defensa también insiste en que Maduro fue acusado injustamente y rechaza de manera categórica las imputaciones formuladas por las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, el principal obstáculo para esa estrategia jurídica es político y diplomático: Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019, después de considerar fraudulentas las elecciones de 2018. Washington también cuestionó la legitimidad de las elecciones venezolanas de 2024.
Ese antecedente podría resultar determinante. Expertos jurídicos citados en relación con el caso consideran poco probable que los tribunales estadounidenses reconozcan a Maduro la inmunidad que reclama, debido a que el Poder Ejecutivo estadounidense no lo considera desde hace años el jefe de Estado legítimo de Venezuela.
En el sistema estadounidense, además, los tribunales suelen otorgar un peso considerable a la posición del Poder Ejecutivo cuando se trata de determinar el reconocimiento de gobiernos y autoridades extranjeras. Por ello, la defensa intenta sortear precisamente ese punto al sostener que la legitimidad política de Maduro no debería confundirse con la cuestión jurídica de si ocupó la jefatura del Estado venezolano.
Pollack ha utilizado como referencia el caso del exdictador panameño Manuel Noriega. En 1990, un juez federal de Miami rechazó que Noriega pudiera acogerse a la inmunidad de jefe de Estado. La defensa de Maduro considera, sin embargo, que existen diferencias importantes entre ambos casos.
El debate adquiere una dimensión todavía mayor porque el proceso contra Maduro no ocurre en circunstancias ordinarias. La acusación presentada en Manhattan fue utilizada por la Administración de Donald Trump como uno de los fundamentos de su ofensiva contra el antiguo Gobierno venezolano, que culminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero. Desde entonces, el escenario político venezolano ha cambiado sustancialmente. Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el Gobierno de Maduro, asumió el poder como presidenta encargada y posteriormente profundizó la cooperación con Washington.
Precisamente, la defensa de Maduro intenta explotar una aparente contradicción en esa nueva realidad política. Pollack sostiene que resulta difícil conciliar el reconocimiento de Rodríguez por parte de Estados Unidos con la negativa a reconocer a Maduro, quien fue quien la designó en su anterior cargo.
La discusión judicial, por tanto, trasciende la situación personal del expresidente venezolano. El juez Hellerstein deberá enfrentarse a una cuestión particularmente sensible: hasta qué punto puede aplicarse la inmunidad de un jefe de Estado extranjero cuando el Gobierno estadounidense sostiene que esa persona dejó de ser el presidente legítimo de su país.
El desenlace podría convertirse además en un precedente relevante sobre los límites de la inmunidad de los gobernantes extranjeros ante tribunales estadounidenses y sobre la relación entre las decisiones de política exterior de Washington y la independencia de la justicia federal. Los fiscales tienen hasta el 2 de octubre para responder a la solicitud de Maduro. Posteriormente, el juez Hellerstein tiene prevista para el 17 de noviembre una audiencia en la que escuchará los argumentos sobre la petición de desestimación.
Por ahora, la defensa intenta convertir la condición de Maduro como antiguo jefe de Estado en un escudo jurídico. La Fiscalía estadounidense tendrá que convencer al tribunal de que esa protección no resulta aplicable en este caso, mientras el juez deberá determinar dónde termina la inmunidad reconocida por el derecho internacional y dónde comienza la jurisdicción penal de Estados Unidos.
