En un fallo histórico que reconfigura el tablero del conflicto armado en Colombia, la jueza 34 de Familia de Bogotá, Viviana Arciniegas Gómez, ordenó este jueves 3 de septiembre de 2026 a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares detener cualquier operación aérea ofensiva en la que existan indicios fundados sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados forzosamente por grupos armados ilegales.
La decisión, adoptada en el marco de una acción de tutela impulsada por el abogado Ower Jimmy Borda Parra, no solo representa un freno táctico a la estrategia de bombardeos selectivos, sino que eleva a rango de requisito operacional la verificación rigurosa del terreno. Según el auto judicial, el alto mando castrense deberá abstenerse de lanzar proyectiles o realizar ataques aéreos cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” que sugiera la cohabitación de menores con los objetivos militares. La medida se mantendrá vigente mientras se toman acciones efectivas para su protección y se confirma que no existe una alternativa operacional menos lesiva.
El fallo no implica, sin embargo, una moratoria general de los bombardeos ni una desactivación de la ofensiva estatal contra los grupos al margen de la ley. Lo que la jueza Arciniegas Gómez establece es un estándar de inteligencia previa y un deber de escalonamiento en el uso de la fuerza: antes de soltar la bomba, el Estado debe agotar todas las posibilidades de disuasión, extracción o neutralización terrestre que eviten daños colaterales en la población infantil.
La magistrada sustentó su determinación en el principio de protección reforzada que consagra la Constitución Política de Colombia y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ordena que los derechos de los menores prevalecen incluso sobre la seguridad nacional en casos de duda razonable. “No se puede combatir la barbarie con más barbarie sobre quienes son víctimas, no victimarios”, subrayó un aparte del auto, que alerta sobre una posible situación de “gravedad e inminencia” a raíz de recientes informes de inteligencia y organizaciones humanitarias que documentan la muerte de menores en ataques aéreos en zonas críticas como el Catatumbo y el Guaviare durante las últimas semanas.
Esta decisión cautelar, que estará vigente hasta que se profiera un fallo definitivo sobre la tutela, ha generado un terremoto institucional. Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas aseguran que la orden podría dificultar la persecución de cabecillas de las disidencias de las FARC y el ELN, quienes utilizan cada vez más a menores como escudos humanos en sus campamentos selváticos. No obstante, la jueza ordenó vincular a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el ICBF, la Fiscalía, la Unidad para las Víctimas, Medicina Legal y la Justicia Penal Militar para que, de manera articulada, diseñen un protocolo de verificación en tiempo real que permita distinguir entre un objetivo legítimo y un espacio protegido.
Para el accionante, Borda Parra, el fallo “no es un salvoconducto para los grupos armados, sino un salvavidas para los niños que el Estado abandonó y que hoy son carne de cañón”. En contraste, sectores conservadores y exmilitares advierten que la medida podría ser instrumentalizada por los actores ilegales para blindar sus operaciones logísticas, sembrando a menores en todos sus campamentos para inhibir la respuesta del Ejército.
Lo que está en juego, más allá de la tutela, es la redefinición del manual de combate en un país donde el reclutamiento forzado afecta a más de 5.000 menores en los últimos cinco años, según datos de la Unidad para las Víctimas. El Estado colombiano tendrá ahora la carga probatoria de demostrar, antes de cada operación aérea, que ha agotado los mecanismos de inteligencia y que la vida de los niños no pende de un misil. El reloj corre, y el próximo movimiento de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, que deberá revisar la tutela en los próximos días, definirá si esta orden provisional se convierte en doctrina o en un precedente aislado. Mientras tanto, los cielos de Colombia ya no son los mismos.
