La discusión sobre la edad de jubilación vuelve a ocupar un lugar central en Italia, pero esta vez con una propuesta que podría tener eco en otros países que enfrentan el mismo dilema: cómo permitir que los trabajadores se retiren antes sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema ni trasladar todo el costo al Estado.
La Liga, uno de los partidos de la coalición de gobierno italiana, ha retomado la posibilidad de permitir que más trabajadores puedan pensionarse a los 64 años. La iniciativa pretende ampliar ese beneficio a personas que comenzaron a cotizar antes de 1996 y que actualmente están sujetas al llamado sistema mixto. Sin embargo, la posibilidad de retirarse anticipadamente tendría un precio: la pensión sería recalculada completamente bajo el sistema contributivo, lo que reduciría el valor del ingreso mensual que recibiría el jubilado.
De acuerdo con Corriere della Sera, la propuesta contemplaría al menos 25 años de cotización y exigiría que la pensión alcanzara una determinada cuantía mínima. Para 2026, el umbral sería de 1.638,72 euros brutos mensuales, equivalente a tres veces la asignación social italiana. Si el trabajador no alcanza esa suma, podría recurrirse a una parte de su TFR, una especie de fondo de cesantías o liquidación laboral acumulada durante la vida activa, para complementar la renta y hacer posible el retiro.
La propuesta todavía no constituye una reforma aprobada. Es una iniciativa política que deberá ser discutida y eventualmente incorporada a la legislación presupuestaria italiana. Precisamente por ello, las condiciones definitivas, la tributación y la manera como se utilizaría el TFR todavía no están completamente determinadas.
Pero el aspecto que ha generado mayor controversia es el costo que asumiría el trabajador. Las simulaciones citadas por Corriere della Sera, realizadas por el Observatorio de Previsión de la CGIL, estiman que el recálculo podría significar una reducción aproximada del 10,6 por ciento en los casos analizados. En algunos ejemplos, la disminución estaría entre 183 y 366 euros mensuales, de manera permanente. Es decir, el trabajador podría ganar algo que muchos consideran invaluable —dos años de vida laboral—, pero a cambio de recibir una pensión menor durante todo el período de jubilación.
Uno de los casos analizados corresponde a un trabajador cuya pensión bajo el sistema mixto alcanzaría 2.465,93 euros mensuales. Al aplicar el cálculo exclusivamente contributivo, bajaría a 2.204,84 euros, una diferencia de 261,09 euros cada mes. En otro caso, un trabajador con una remuneración anual de 70.000 euros pasaría de una pensión de 3.452,31 euros a 3.086,77 euros, es decir, perdería 365,54 euros mensuales.
La propuesta, por tanto, no significa simplemente que Italia vaya a permitir que todos sus trabajadores se jubilen a los 64 años. Se trata de una flexibilización condicionada: el trabajador obtiene la posibilidad de retirarse antes, pero asume parte importante del costo mediante una pensión pública más baja y, en determinados casos, mediante el uso de recursos acumulados durante su vida laboral.
La comparación con Colombia resulta inevitable, aunque los dos sistemas tienen diferencias estructurales importantes. En Colombia, la edad ordinaria para acceder a la pensión de vejez continúa siendo de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, mientras que el requisito general de cotización en el componente de prima media es de 1.300 semanas. La reforma pensional estableció además una reducción progresiva de las semanas exigidas a las mujeres. Esto significa que, paradójicamente, Colombia ya tiene una edad ordinaria de jubilación inferior a los 64 años que se está discutiendo en Italia, al menos para los hombres, y todavía menor para las mujeres.
Pero la comparación no puede quedarse en la edad. El verdadero punto de coincidencia entre ambos países está en la necesidad de encontrar mecanismos de retiro flexible que permitan a una persona abandonar el mercado laboral antes de la edad ordinaria, pero sin generar un desequilibrio financiero insostenible.
En Colombia existe, dentro de la nueva legislación pensional, la figura de la prestación anticipada de vejez. La Ley 2381 contempla que determinados afiliados que no hayan alcanzado las semanas necesarias puedan acceder a una prestación anticipada cuando cumplan 65 años en el caso de los hombres o 62 en el de las mujeres, siempre que superen las 1.000 semanas y se cumplan las demás condiciones previstas por la norma.
La diferencia fundamental es que Italia está discutiendo cómo permitir que determinados trabajadores se retiren antes de la edad ordinaria, mientras Colombia enfrenta el problema inverso: cómo garantizar que una gran parte de los trabajadores consiga reunir suficientes semanas y recursos para pensionarse cuando llegue a la edad legal.
En Colombia, discutir si una persona debería pensionarse a los 60, 62, 64 o 65 años puede terminar ocultando un problema mucho más profundo: millones de trabajadores no tienen carreras laborales suficientemente estables para acumular las semanas necesarias.
La informalidad, los períodos sin cotización, el trabajo independiente y los ingresos bajos hacen que para muchos colombianos el problema no sea decidir cuándo jubilarse, sino conseguir llegar a la edad de pensión con los requisitos cumplidos. Por eso, importar mecánicamente una fórmula como la italiana podría producir efectos muy diferentes.
Una eventual jubilación anticipada colombiana tendría que responder, entre otras preguntas, a quién asumiría la reducción del ingreso futuro: ¿el trabajador?, ¿el fondo de pensiones?, ¿el Estado?, ¿o una combinación de los tres? La experiencia italiana ofrece una respuesta clara: si el trabajador quiere retirarse antes, el sistema puede permitirlo, pero la anticipación tiene un costo y ese costo termina reflejándose en el valor de la pensión.
Ese principio puede parecer financieramente razonable, pero también plantea un problema de equidad. Una persona con altos ingresos, una carrera laboral estable y un importante ahorro acumulado puede tener mayor capacidad para aceptar una reducción de su pensión. En cambio, para un trabajador de bajos ingresos, una disminución permanente del ingreso durante la vejez podría convertirse en un problema de pobreza. Precisamente las simulaciones italianas advierten que los trabajadores con carreras discontinuas, empleos de tiempo parcial o períodos dedicados al cuidado familiar podrían quedar en una posición menos favorable frente a este tipo de mecanismos.
En términos políticos, la idea no sería imposible. Pero no debería confundirse una edad de retiro más baja con una mejor pensión. Colombia podría diseñar mecanismos de jubilación flexible, pero tendría que establecer con precisión quién puede acceder, cuántas semanas debe acreditar, cuál sería el monto mínimo de la pensión y qué porcentaje de reducción tendría el trabajador por abandonar anticipadamente la vida laboral. También tendría que determinar si los recursos acumulados en cuentas individuales, cesantías u otros instrumentos de ahorro podrían convertirse en una renta complementaria.
Aquí surge una diferencia fundamental con Italia: el TFR italiano forma parte de una estructura laboral y previsional específica que no tiene un equivalente exacto en el sistema colombiano. Por ello, no sería viable trasladar directamente la fórmula italiana al país.
Lo que sí podría estudiarse es el principio que está detrás de la propuesta: permitir mayor libertad para decidir cuándo retirarse, siempre que exista una fuente financiera suficiente para sostener el ingreso durante la vejez.
El debate italiano plantea una pregunta que también resulta pertinente para Colombia: ¿debe la edad de jubilación ser una frontera rígida o debería existir un sistema que permita elegir cuándo retirarse en función de la edad, las semanas cotizadas y el ahorro acumulado?
La segunda opción ofrece mayor flexibilidad, pero exige reglas actuariales muy precisas. Un trabajador podría preferir pensionarse antes, aunque eso signifique recibir menos dinero cada mes. Otro podría decidir continuar trabajando dos o tres años más para mejorar sustancialmente su ingreso futuro.
El desafío consiste en que esa libertad no termine convirtiéndose en una obligación disfrazada. Si las pensiones son demasiado bajas, la llamada “libertad de elegir” puede transformarse en una presión para que los trabajadores más pobres se retiren con ingresos insuficientes o, por el contrario, permanezcan trabajando hasta edades avanzadas porque no tienen otra alternativa. Italia está explorando precisamente ese terreno. Su propuesta de llevar la jubilación anticipada a los 64 años pretende ampliar la libertad de elección, pero deja claro que la anticipación no es gratuita.
Para Colombia, la lección puede ser incluso más importante: antes de discutir simplemente si los colombianos deberían pensionarse a los 60, 62 o 64 años, el país debería preguntarse cuántos llegarán a esas edades con una historia laboral que realmente les permita vivir dignamente de su pensión, porque el verdadero debate pensional no es solamente cuándo dejar de trabajar. Es cuánto dinero tendrá una persona para vivir después de hacerlo y quién garantizará que ese ingreso sea suficiente.
