La guerra que desde comienzos de 2025 enfrenta al Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el Frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc en el Catatumbo acaba de incorporar una acusación de alto impacto: la existencia de una supuesta alianza entre esa estructura disidente y las Fuerzas Militares para combatir al ELN.
La denuncia fue formulada por Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero, una de las principales comandantes del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Según la información suministrada por inteligencia militar, Pallares lleva décadas dentro de esa organización y tendría bajo su coordinación una estructura de aproximadamente 2.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo.
En un mensaje difundido recientemente, la dirigente guerrillera aseguró que el ELN enfrenta actualmente una “fuerza combinada” integrada por el Ejército y estructuras que calificó como paramilitares. En particular, señaló al Frente 33, con el que mantiene una guerra por el control territorial del Catatumbo.
Sin embargo, una revisión de los antecedentes disponibles obliga a diferenciar entre una acusación política y militar del ELN y la existencia comprobada de una alianza. Hasta ahora no aparecen pruebas públicas suficientes que permitan afirmar que el Frente 33 haya establecido un pacto operativo formal con las Fuerzas Militares para combatir conjuntamente al ELN. Por el contrario, existen antecedentes documentados de operaciones del Ejército contra esa misma estructura disidente. En julio de 2025, por ejemplo, tropas del Ejército reportaron combates contra integrantes del Frente 33 en Tibú, con un muerto y un capturado.
La situación, no obstante, es mucho más compleja que la existencia o inexistencia de un acuerdo formal, pues un enemigo común no significa una alianza. El Frente 33 y las Fuerzas Militares tienen actualmente un elemento coincidente: ambos se enfrentan al ELN en el Catatumbo. Esa circunstancia puede generar situaciones en las que las acciones de uno terminen favoreciendo indirectamente al otro.
Pero una coincidencia táctica de intereses no constituye necesariamente una alianza. La diferencia es fundamental. Una alianza implicaría algún nivel de coordinación deliberada, intercambio de inteligencia, suministro de información, apoyo logístico, operaciones concertadas o acuerdos de carácter militar. Para sostener públicamente una afirmación de esa magnitud serían necesarias evidencias independientes: documentos, comunicaciones interceptadas, testimonios verificables, operaciones coordinadas o declaraciones oficiales de las partes.
Ninguno de esos elementos aparece demostrado en la información disponible. De hecho, la trayectoria reciente del Frente 33 muestra una relación mucho más ambigua con el Estado. La estructura ha participado en conversaciones con el Gobierno y, al mismo tiempo, ha sido objeto de operaciones militares. En 2025, incluso se planteó una Zona de Ubicación Temporal para esa organización en Tibú, mientras continuaban las tensiones alrededor de su desarme y eventual reincorporación.
No obstante, hay un dato que sí respalda la versión del ELN y que explica por qué la acusación puede resultar verosímil para algunos sectores de la región. Durante la guerra contra el ELN, el Frente 33 quedó severamente debilitado y encontró en la presencia de la Fuerza Pública una barrera frente a la ofensiva del ELN. La crisis comenzó en enero de 2025, cuando el ELN lanzó una ofensiva contra esa estructura disidente y provocó una de las mayores crisis humanitarias recientes del país.
En ese contexto, las Fuerzas Militares terminaron ejerciendo una función de contención frente al avance del ELN en territorios donde también permanecían integrantes del Frente 33. Esa circunstancia pudo generar una percepción —o incluso contactos puntuales— que el ELN interpreta como una alianza.
Pero proteger o controlar militarmente una zona en la que se encuentra un grupo armado ilegal no significa necesariamente convertirse en su aliado. Hay, además, un dato particularmente significativo: en enero de 2025 integrantes del Frente 33 se entregaron voluntariamente al Ejército, lo que demuestra que existieron canales de contacto entre ambas partes, pero no permite concluir por sí mismo que existiera una coordinación militar contra el ELN.
El Catatumbo padece a tres actores y una guerra por el territorio. El trasfondo de esta disputa es mucho más importante que la acusación puntual. El Catatumbo constituye un corredor estratégico por su frontera con Venezuela, sus cultivos de coca, sus rutas de narcotráfico y otras economías ilegales. El ELN ha mantenido durante décadas una presencia particularmente fuerte en la región, mientras el Frente 33 intenta recuperar territorios que considera parte de su antiguo espacio de influencia.
Un análisis publicado por Cambio en enero de 2026 señalaba precisamente que el Frente 33 había comenzado a recuperar posiciones que históricamente estuvieron bajo influencia del ELN. Esa disputa explica buena parte de la violencia que continúa afectando a la población.
Por eso, la acusación de Silvana Guerrero también puede interpretarse como parte de la guerra de propaganda entre dos organizaciones armadas enfrentadas. Presentar al adversario como aliado del Estado tiene una utilidad militar y política: permite justificar la confrontación, deslegitimar al enemigo y construir ante las comunidades locales la idea de que la organización propia está combatiendo no solamente contra otro grupo ilegal, sino contra una estructura estatal y paramilitar.
La hipótesis más razonable es la siguiente: Con la información disponible, la conclusión periodística más prudente es que no está demostrada una alianza formal entre el Frente 33 y las Fuerzas Militares para combatir al ELN. Lo que sí está comprobado es que el Frente 33 y el ELN mantienen una guerra por el control del Catatumbo; que las Fuerzas Militares combaten al ELN; que también han realizado operaciones contra el Frente 33; y que, en determinados momentos, la presencia militar ha limitado la capacidad del ELN para avanzar sobre territorios ocupados por los disidentes.
La posibilidad de coordinaciones locales, intercambio de información o entendimientos informales no puede descartarse sin una investigación específica. Pero tampoco puede presentarse como un hecho probado. Las interrogantes sociales en las calles apuntan a que todo puede ser pues en la historia de las guerras colombianas las alianzas entre criminales y las fuerza pública para combatir a otros criminales ha sido ampliamente evidenciada.
La acusación del ELN debe ser, por tanto, presentada como lo que actualmente es: una denuncia de una de las partes involucradas en una guerra territorial, no una alianza comprobada. La diferencia no es menor. En un conflicto tan fragmentado como el colombiano, confundir un enemigo común con una coalición puede distorsionar completamente la comprensión de quién combate contra quién y cuáles son realmente los intereses que están en juego.
Esta es precisamente una de las claves para entender el Catatumbo: más que una guerra entre dos bandos claramente definidos, se trata de una disputa cambiante en la que guerrillas, disidencias, Fuerza Pública, economías ilegales y actores transfronterizos modifican constantemente sus posiciones y estrategias.
