Santa Marta amaneció bajo la presión de un paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una estructura criminal con raíces en el paramilitarismo que durante años ha ejercido influencia sobre territorios de la Sierra Nevada y el Caribe. La organización consiguió, mediante amenazas y acciones violentas, alterar durante horas la actividad comercial, el transporte y la vida cotidiana de miles de samarios.
Pero detrás de la emergencia de seguridad hay una paradoja política que resulta imposible ignorar. Hace apenas unos días, uno de los principales jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Fredy Castillo Carrillo, habló con la periodista Salud Hernández-Mora para SEMANA desde su escondite. Cuando fue preguntado directamente si la organización había ayudado a que Iván Cepeda ganara las elecciones, respondió que no. Dijo que dejaron que la gente votara libremente y añadió que “muchos” lo hicieron por Abelardo De La Espriella. Incluso reconoció que, después de conocer el triunfo del actual mandatario, esperaba que este pudiera abrir una puerta para los diálogos con la organización.
La declaración adquiere una dimensión particularmente llamativa después de los acontecimientos de Santa Marta. Quien hoy ocupa la Presidencia y ha construido buena parte de su discurso político alrededor de la seguridad, la autoridad y la persecución de las organizaciones criminales recibió, según el propio jefe de una de esas estructuras, una parte de sus votos o apoyos electorales.
Eso no significa que exista una alianza entre De La Espriella y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ni permite concluir que el presidente haya recibido apoyo institucional de esa organización. Pero sí deja registrado un hecho políticamente significativo: un jefe de la estructura armada afirmó que integrantes o simpatizantes de su entorno votaron por De La Espriella y que posteriormente depositaron expectativas en su Gobierno.
La contradicción se vuelve todavía más evidente por lo ocurrido después. El Gobierno de De La Espriella no mantuvo la política de acercamiento que había iniciado la administración anterior con las ACSN. Por el contrario, el presidente ha ordenado perseguir a sus principales cabecillas y ha dejado claro que no contempla negociaciones con ellos en los términos que pretendían. El propio Castillo Carrillo, en la entrevista con SEMANA, dijo estar dispuesto a entregarse, pero reclamó una ley de sometimiento y garantías sobre las penas que tendría que cumplir.
La respuesta presidencial fue inequívoca: el Gobierno ordenó avanzar en el sometimiento a la justicia, pero sin aceptar negociaciones, dilaciones ni exigencias de los jefes de la organización. Y ahora Santa Marta aparece en el centro de esa confrontación.
Durante el paro armado, comerciantes del Centro Histórico, el Sanandrecito y establecimientos comerciales de grandes superficies tuvieron que cerrar ante las amenazas. En el barrio El Pando, hombres encapuchados obligaron a un taxista a abandonar su vehículo y posteriormente lo incendiaron. El mensaje de la organización criminal no fue solamente propagandístico: buscó demostrar que todavía posee capacidad para intimidar a una ciudad y afectar actividades económicas esenciales.
La reacción del Gobierno fue desplegar Fuerza Pública, reforzar la presencia militar y policial y ordenar la militarización de Santa Marta. De La Espriella regresó además a la ciudad y recorrió sectores afectados por la situación. Posteriormente identificó públicamente a varios de los cabecillas de las ACSN y anunció que serían perseguidos por el Estado.
La escena resulta paradójica: mientras uno de los jefes de la organización había dicho pocos días antes que muchos de sus integrantes o simpatizantes votaron por De La Espriella y que esperaban que su Gobierno pudiera abrir una puerta al diálogo, el presidente ordenaba ahora perseguir militarmente a esa misma estructura.
No hay que confundir, sin embargo, una declaración de un jefe criminal con una prueba de respaldo electoral organizado. Castillo Carrillo no dijo que las ACSN hubieran ordenado votar masivamente por De La Espriella. Lo que afirmó fue algo más concreto y verificable: que no apoyaron a Cepeda, que permitieron votar libremente y que muchos votaron por el actual presidente. Esa diferencia es fundamental para no convertir una declaración individual en una conclusión que la evidencia disponible no permite sostener.
Pero el episodio sí plantea una pregunta política de fondo: ¿cómo pudo una organización criminal con presencia territorial en el Caribe considerar, al menos según la declaración de uno de sus jefes, que un Gobierno encabezado por De La Espriella podía representar una oportunidad para sus intereses, y terminar apenas semanas después enfrentada militarmente con ese mismo Gobierno?
La respuesta puede estar, precisamente, en que las organizaciones armadas no necesariamente buscan una determinada ideología política, sino condiciones que les permitan preservar su influencia territorial, sus negocios ilícitos y sus posibilidades de negociación. La declaración de Castillo Carrillo parece revelar una expectativa pragmática: si De La Espriella ganaba, la organización esperaba que su condición de abogado y su posición como jefe del Estado pudieran facilitar algún tipo de salida jurídica.
Esa expectativa, por ahora, no se materializó. El presidente optó por una política de presión militar y judicial. La caída de integrantes de las ACSN, los operativos contra sus estructuras y la militarización de Santa Marta muestran que la relación entre el Gobierno y esa organización entró rápidamente en una fase de confrontación abierta.
Pero el paro armado también expone una dificultad que va más allá de una operación militar puntual. Si una organización ilegal puede ordenar el cierre de comercios, intimidar transportadores, incendiar vehículos y alterar la vida de una capital turística durante varias horas, significa que el problema no desaparece simplemente porque el Ejército llegue a las calles.
La verdadera prueba para el Gobierno será recuperar el control territorial de manera permanente. Porque una cosa es desplegar soldados después de que comienza el paro armado y otra muy distinta es impedir que los grupos ilegales tengan la capacidad de ordenar un nuevo cierre. Una cosa es anunciar que se perseguirá a los cabecillas y otra conseguir que las estructuras que permanecen debajo de ellos pierdan su capacidad de intimidación, extorsión y control social.
Santa Marta queda así atrapada en una paradoja que tiene tanto una dimensión de seguridad como una dimensión política. Un grupo armado cuyo jefe reconoció públicamente que muchos de sus integrantes o simpatizantes votaron por De La Espriella terminó enfrentándose al Gobierno que esperaba que pudiera ofrecerle una salida.
Y el presidente que llegó prometiendo recuperar el control del territorio enfrenta ahora una de las primeras grandes pruebas de su propia política de seguridad. El resultado de esa confrontación no se medirá por el número de militares que permanezcan unas horas en las calles ni por la contundencia de las declaraciones presidenciales. Se medirá cuando los comerciantes puedan abrir sus negocios, los transportadores puedan circular y los habitantes de Santa Marta puedan vivir sin que una organización armada tenga la capacidad de decidir cuándo una ciudad trabaja, cuándo se detiene y cuándo debe sentir miedo.
Cabe preguntarse si hay algún tipo de negociación oculta para que Abelardo de la Espriella exhiba un exceso de fuerza en Santa Marta, territorio paramilitar, afecto a sus políticas; y también cabe preguntarse si lo hará en zonas de amplio control guerrillero como Arauca o Norte de Santander donde sí hay contradicción política y militar abierta.
Fotos: Revista Semana.
