El acceso a la vivienda se mantiene como una de las principales preocupaciones sociales en España. El 83,1 % de los ciudadanos considera que las posibilidades de acceder a una primera vivienda empeorarán o permanecerán igual en el futuro, según el estudio Actitudes hacia el estado de bienestar (III), elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El informe, publicado este miércoles y basado en más de 6.000 entrevistas realizadas entre el 10 y el 17 de septiembre de 2026, refleja una percepción extendida de dificultad para convertir el derecho a una vivienda digna en una realidad accesible para buena parte de la población.
La percepción sobre el presente tampoco resulta favorable. El 68,4 % de los encuestados considera que el acceso a una vivienda digna y adecuada está garantizado únicamente para algunas personas, mientras que el 18,2 % sostiene que ese derecho no está garantizado para nadie. Solo el 11,9 % cree que está garantizado para todos por igual.
Los resultados sitúan a la vivienda dentro de un problema más amplio relacionado con la percepción de desigualdad en el acceso a determinados derechos y servicios públicos. De hecho, el 52,4 % de los entrevistados considera que no todas las personas disponen de las mismas oportunidades para acceder a los servicios públicos y señala los ingresos económicos como uno de los principales factores que marcan esas diferencias.
Los resultados del CIS se conocen apenas un día después de que el Gobierno español aprobara un nuevo paquete de medidas en materia de vivienda. El Real Decreto-ley publicado este 30 de septiembre establece, entre otras disposiciones, restricciones a determinadas compras especulativas de vivienda por parte de fondos de inversión y amplía la protección frente a determinados procedimientos de desahucio.
La nueva norma contempla la suspensión de determinados desahucios cuando la vivienda pertenece a un fondo de inversión y la persona afectada carece de una alternativa habitacional. En estos casos, la suspensión se extiende hasta el 31 de diciembre de 2030 bajo las condiciones establecidas por el decreto. Para otros supuestos se mantiene un régimen de compensaciones a propietarios cuando concurren las circunstancias previstas legalmente.
El Ejecutivo también ha anunciado la prohibición de determinadas operaciones de compra especulativa por parte de fondos hasta finales de 2028, además de medidas destinadas a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler y ampliar la oferta de vivienda asequible.
La coincidencia temporal entre estas medidas y los resultados de la encuesta pone de relieve la dimensión del desafío que enfrenta España: mientras las administraciones buscan aumentar la oferta y contener las dificultades de acceso, una amplia mayoría de ciudadanos no espera que conseguir una primera vivienda resulte más fácil en los próximos años.
La percepción de desigualdad no se limita al mercado inmobiliario. El 60,3 % de los encuestados considera que el derecho a vivir en un medioambiente adecuado solo está garantizado para algunas personas. En cuanto a la valoración de distintos servicios públicos, el estudio muestra opiniones más favorables. El transporte público alcanza un 56,2 % de respuestas que califican su funcionamiento como «muy o bastante satisfactorio», seguido de la enseñanza, con un 54 %, y la seguridad ciudadana, con un 50,9 %.
La encuesta también refleja diferencias en la percepción sobre la evolución futura de otros componentes del Estado de bienestar. Según los resultados difundidos del estudio, existe una preocupación relevante por el futuro de servicios y derechos vinculados con la sanidad y la educación pública.
En este contexto, el problema de la vivienda aparece no solo como una dificultad económica, sino también como una cuestión relacionada con las posibilidades de emancipación, el acceso a determinados servicios y las expectativas de las nuevas generaciones.
Los datos del CIS muestran así una brecha entre el reconocimiento formal del derecho a una vivienda digna y la percepción ciudadana sobre las posibilidades reales de ejercerlo. Para más de ocho de cada diez españoles consultados, el futuro inmediato no apunta a una mejora sustancial en el acceso a la primera vivienda.
Acampados por el ‘decreto Maricarmen’ en la plaza Porticada de Santander. / Eva García González (EFE)
