Mientras el gobierno de Gustavo Petro insiste en cambiar las reglas del juego pensional por decreto, generando una polémica que muchos califican de predecible, Colpensiones ha salido a dar explicaciones que, lejos de calmar las aguas, revelan una gestión cuanto menos improvisada.
La entidad estatal ahora anuncia que manejará hasta 25 billones de pesos provenientes de los afiliados que huyen de los fondos privados, pero el panorama que pinta su presidente, Jaime Dussán, es desolador: más de 109.000 personas se han cambiado al sistema público, de las cuales casi 25.000 ya recibieron su pensión, pero los fondos privados aún no han girado ni un solo peso de los 5,5 billones que les corresponden.
Es decir, Colpensiones está pagando jubilaciones con recursos que no tiene, asumiendo un déficit que podría agravar la ya frágil salud financiera del sistema. Dussán se queja de que las administradoras privadas incumplen sus obligaciones, pero la pregunta incómoda es por qué se permitió este masivo traslado sin garantizar primero la transferencia efectiva de los ahorros.
Mientras tanto, los 90.000 afiliados restantes siguen en el limbo, y la promesa de que los 25 billones se invertirán en cuentas fiduciarias autorizadas suena a un simple parche, sobre todo cuando se admite que podrían recibir títulos de deuda pública si los fondos no tienen liquidez. Este baile de cifras y mecanismos improvisados solo evidencia que el decreto gubernamental se firmó sin una hoja de ruta clara, dejando a los ciudadanos como rehenes de una disputa entre el Estado y las AFP.
Dussán intenta blindar el proceso apelando a la Ley 100 y a mesas técnicas con la Superintendencia Financiera, pero su declaración más reveladora es cuando tilda de mentira que Colpensiones no tenga fondos de inversión, aunque luego confiesa que los dineros están en la fiduciaria de la Previsora Nacional, una entidad que no precisamente destaca por su eficiencia.
En el fondo, esta no es una transición ordenada, sino un cambalache político: el gobierno juega a nacionalizar los ahorros pensionales mientras critica que 500 billones de pesos se inviertan en el exterior, ignorando que esos recursos, mal manejados en Colombia, podrían terminar financiando la incompetencia estatal en lugar del desarrollo productivo. El discurso de la “transformación real” suena hueco cuando los colombianos, una vez más, son conejillos de indias de una reforma hecha a las carreras, sin reglas claras ni recursos garantizados.
En síntesis, son insuficientes, confusas y peligrosas explicaciones de lo que hará Colpensiones con 25 billones del ahorro pensional de millones de colombianos. ¿Se liberarán recursos del Estado para apoyar al candidato del gobierno en las elecciones de mayo? Preocupación mayúscula en varios sectores políticos, económicos y sociales.
