Un reciente conjunto de testimonios ha puesto en evidencia las condiciones precarias que enfrentan las familias inmigrantes detenidas en un centro de Texas, reavivando las inquietudes entre los abogados que defienden a menores migrantes. Estas denuncias forman parte de un pleito legal donde el gobierno busca eliminar ciertas garantías que protegen a los niños en custodia migratoria.
Las familias alojadas en el centro de detención de Dilley, que volvió a operar en marzo, reportaron problemas como agua potable constantemente turbia, demoras en la atención médica y largas estancias en el lugar, situaciones que afectan directamente a los menores. Además, denunciaron conflictos entre niños y adultos por el acceso al agua limpia, así como condiciones de estrés para los menores.
Estas denuncias surgieron a mediados del año cuando el gobierno del expresidente Donald Trump solicitaba a una jueza federal en Los Ángeles, Dolly Gee, la suspensión de una política conocida como el Acuerdo de Flores. Dicha política limita el tiempo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede mantener retenidos a los niños y exige que las condiciones sean seguras y higiénicas.
Tras una solicitud de la jueza para que el gobierno detalle los tiempos de detención, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó una reducción de la estancia promedio de menores bajo custodia de seis a cinco días entre junio y julio. No obstante, los abogados que representan a los inmigrantes señalaron que varios niños permanecen detenidos semanas o meses sin motivo claro.
Desde la reapertura, unas 65 familias han relatado sus experiencias a sus abogados. Según Leecia Welch, subdirectora legal de Children’s Rights, muchas de estas familias son capturadas en distintas partes del país y cumplen con sus citas en tribunales migratorios y revisiones de ICE, pero enfrentan pésimas condiciones.
Entre las quejas, el agua del grifo presenta un color turbio y olor desagradable que ha provocado malestares estomacales. El jabón disponible para las duchas ha causado irritaciones en la piel, y los niños tienen dificultades para consumir los alimentos proporcionados. Además, a los detenidos se les permite comprar artículos básicos, pero a precios elevados; por ejemplo, el agua embotellada cuesta 1.21 dólares y un desodorante hasta 5.73 dólares.
Los retrasos en la atención médica son otro problema grave. En un caso, un niño con dolor abdominal tuvo que esperar seis horas para ser atendido y solo fue hospitalizado cuando comenzó a vomitar, diagnosticándosele apendicitis. Otro menor fue llevado a un hospital solo dos horas después de haberse caído y lastimado un brazo.
Los padres denunciaron también la ausencia de actividades para los niños dentro del centro, mientras que un menor expresó que ha perdido la fe, debido a la angustia de la situación prolongada. Se reporta además que algunas familias son liberadas temporalmente para luego ser detenidas de nuevo al presentarse a citas con ICE, perpetuando un ciclo de detención y liberación.
Estas revelaciones subrayan las persistentes deficiencias en la atención y trato a niños migrantes en los centros de detención de Estados Unidos, en plena discusión legal sobre la continuidad o no de las protecciones establecidas para los menores en estas circunstancias.
