El periodismo colombiano enfrenta una de las etapas más delicadas de las últimas décadas. En un país atravesado por el conflicto armado, las economías ilegales y una creciente polarización política, informar se ha convertido en una actividad marcada por el riesgo permanente. A ello se suma un escenario político incierto, en el que sectores críticos advierten que un eventual gobierno de figuras como Abelardo de la Espriella podría profundizar las tensiones con la prensa independiente, debido a sus constantes confrontaciones y señalamientos contra medios y periodistas.
En muchas regiones apartadas, donde la presencia del Estado es débil o prácticamente inexistente, son los periodistas quienes documentan las denuncias de las comunidades, exponen hechos de violencia y visibilizan problemáticas que rara vez logran ocupar espacio en la agenda nacional. Sin embargo, ese mismo ejercicio de informar los convierte en blanco de amenazas, intimidaciones y persecuciones por parte de actores armados y poderes ilegales.
El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda volvió a poner sobre la mesa la grave vulnerabilidad en la que trabajan cientos de comunicadores regionales. Pérez, fundador del medio digital independiente El Confidente de Yarumal, fue asesinado presuntamente por integrantes de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Calarcá”, después de haber sido secuestrado en la vereda El Palmichal, zona rural de Briceño, Antioquia.
El comunicador cubría hechos relacionados con la violencia en esa región cuando se perdió contacto con él. Días después, el 8 de mayo, una comisión humanitaria logró recuperar su cuerpo, según informó Indepaz. Su muerte generó rechazo nacional y renovó las preocupaciones sobre las escasas garantías de seguridad para quienes ejercen el periodismo fuera de las grandes ciudades.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó el crimen y resaltó el trabajo de Mateo Pérez como un periodista comprometido con las comunidades más vulnerables. La organización advirtió que el periodismo regional continúa desarrollándose en medio de amenazas constantes, presiones armadas y abandono institucional.
De acuerdo con cifras de la FLIP, desde 2022 se han registrado cerca de 387 agresiones contra periodistas atribuidas a grupos armados ilegales. Entre los casos reportados figuran amenazas, desplazamientos forzados, hostigamientos y homicidios, reflejando el deterioro progresivo de las condiciones para ejercer la prensa en distintas regiones del país.
La muerte de Mateo Pérez también alimenta el debate sobre el ambiente de hostilidad que enfrenta la prensa en Colombia. Mientras persisten los riesgos provenientes de estructuras criminales, distintos sectores políticos han contribuido a la estigmatización de periodistas y medios mediante discursos que desacreditan su labor o los presentan como enemigos ideológicos. Analistas y organizaciones de derechos humanos alertan que ese tipo de narrativa podría agravarse aún más en escenarios donde lleguen al poder liderazgos abiertamente agresivos con la prensa crítica, como De la Espriella.
En ese contexto, crece la preocupación sobre el futuro de la libertad de expresión en Colombia. Diversas organizaciones consideran que cualquier proyecto político que impulse ataques sistemáticos contra periodistas, desacredite medios independientes o fomente la persecución verbal desde el poder podría aumentar los riesgos para quienes investigan corrupción, violencia, narcotráfico o nexos entre estructuras criminales y sectores políticos.
Actualmente, Colombia ocupa el puesto 102 entre 180 países en el índice mundial de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras. El informe señala que el país sigue siendo uno de los más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo, especialmente en temas relacionados con corrupción, conflicto armado y crimen organizado.
En medio de este panorama, el periodismo regional continúa siendo una herramienta esencial para las comunidades que viven atrapadas entre la violencia y el abandono estatal. La muerte de Mateo Pérez deja en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las garantías de seguridad para los comunicadores y de proteger la libertad de prensa frente a cualquier amenaza, ya provenga de actores armados ilegales o de discursos políticos que busquen desacreditar y silenciar la labor periodística.
Por eso hay preocupación en los periodistas libres por los continuos acosos judiciales y comentarios agresivos de Abelardo de la Espriella contra el ejercicio libre de la actividad periodística, lo que repercute en actos de violencia escrita, verbal y física por parte de seguidores del candidato; si llegare a la presidencia, se vivirían acciones como las de los gobiernos de Uribe donde se veía a la prensa como “idiotas útiles del terrorismo” lo que los hacía blanco de grupos criminales o de violentos seguidores del gobierno de turno.
