La administración de Donald Trump prepara una nueva medida para endurecer el control migratorio en Estados Unidos: la revocación de visas de negocios y turismo a extranjeros que ingresaron al país como visitantes y posteriormente solicitaron o se encuentran solicitando asilo.
La iniciativa, que todavía está en proceso de implementación y podría ser modificada o enfrentar recursos judiciales, alcanzaría potencialmente a **hasta 200.000 personas**. De concretarse en esos términos, se convertiría en la mayor revocación masiva de visas registrada en la historia de Estados Unidos.
El Departamento de Estado confirmó que trabaja conjuntamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a los titulares de visas de no inmigrante que ingresaron al país bajo la condición de visitantes temporales y posteriormente presentaron solicitudes de asilo.
Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, explicó que la administración considera que las visas B1 y B2 se conceden bajo la premisa de que el extranjero tiene intención de permanecer temporalmente en Estados Unidos y regresar posteriormente a su país.
La medida estaría dirigida específicamente contra personas que obtuvieron visas B1 —habitualmente utilizadas para viajes de negocios— o B2, destinadas principalmente a turismo, visitas familiares o determinados tratamientos médicos, y que después recurrieron al sistema de asilo para intentar permanecer en territorio estadounidense. La administración Trump sostiene que utilizar una visa temporal con la intención de solicitar posteriormente asilo constituye un abuso del propósito para el cual fue concedido el documento.
“Obtener un visado con el fin de solicitar asilo constituye un fraude”, sostuvo Pigott, quien defendió la política impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Trump. El funcionario insistió además en que una visa estadounidense constituye un privilegio y no un derecho, en línea con el endurecimiento de las políticas migratorias que ha caracterizado al segundo mandato de Trump.
Sin embargo, existe una diferencia importante entre revocar una visa y deportar automáticamente a una persona. De acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses, la cancelación del documento no implicaría por sí misma una expulsión inmediata del país. Las personas que tengan procesos de asilo pendientes podrían continuar esos procedimientos, aunque perderían la condición migratoria asociada a su visa de visitante.
El Gobierno estadounidense no ha confirmado oficialmente que serán exactamente 200.000 los documentos cancelados. Esa cifra procede de documentos del Departamento de Estado y de funcionarios estadounidenses citados por The Associated Press.
Pigott señaló que el número definitivo todavía es variable y que las revocaciones no se ejecutarán de manera simultánea. El proceso se desarrollará gradualmente, a medida que las autoridades identifiquen a las personas que encajan en los criterios establecidos.
La medida afectaría a visas B1 y B2 expedidas entre 2016 y 2026 a personas que posteriormente solicitaron asilo o que actualmente tienen una petición de protección pendiente, según documentos oficiales obtenidos por The Associated Press. El Departamento de Estado todavía no ha divulgado una lista de nacionalidades que puedan resultar particularmente afectadas.
La decisión se suma a una extensa serie de medidas adoptadas por la administración Trump desde el comienzo de su segundo mandato para restringir la inmigración hacia Estados Unidos y aumentar los controles sobre quienes ya se encuentran en el país.
Entre las acciones impulsadas recientemente figuran mayores exigencias para determinados solicitantes de visa, revisión de información relacionada con redes sociales, nuevos mecanismos de fianza para algunos viajeros y restricciones de entrada para ciudadanos de determinados países. El Departamento de Estado también ha informado que la administración ya ha revocado más de **175.000 visas** desde que Trump regresó a la Casa Blanca. El Gobierno sostiene que estas acciones buscan proteger la seguridad nacional y evitar que los mecanismos de inmigración y asilo sean utilizados de manera fraudulenta. El secretario adjunto de Estado, Christopher Landau, ha cuestionado públicamente lo que considera solicitudes de asilo sin fundamento que sobrecargan el sistema migratorio.
La dimensión de la operación y el número potencial de afectados hacen prever una fuerte controversia jurídica. La revocación masiva de visas podría ser impugnada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y por personas afectadas que consideren que la medida vulnera sus garantías legales. El debate también plantea una cuestión central: hasta qué punto puede el Gobierno utilizar la revocación de una visa para sancionar a una persona que, después de ingresar legalmente al país, decide solicitar protección internacional.
La administración Trump sostiene que la respuesta es clara cuando considera que hubo una intención inicial de utilizar una visa temporal como mecanismo para permanecer de manera indefinida. Los defensores del derecho al asilo, en cambio, podrían cuestionar que la presentación de una solicitud de protección sea considerada por sí misma evidencia de fraude.
Por ahora, la medida no constituye todavía una revocación ejecutada sobre 200.000 personas. Se trata de un proceso que el Gobierno estadounidense está preparando y que se implementaría progresivamente, mientras continúan las definiciones administrativas y, previsiblemente, el debate legal sobre su alcance.
