El Cairo, 27 de agosto de 2026. La disputa por las aguas del Nilo vuelve a aumentar la tensión entre Egipto y Etiopía. El Gobierno egipcio advirtió que podría ejercer su derecho a la defensa, dentro de los límites establecidos por el derecho internacional, si alguna acción sobre el río llegara a afectar el flujo de agua hacia su territorio.
La advertencia fue formulada por el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, quien calificó el acceso al Nilo como un asunto de carácter existencial para su país. Durante una entrevista televisiva, el funcionario dejó claro que El Cairo considera que cualquier alteración significativa del suministro de agua constituye una amenaza directa a sus intereses nacionales.
Abdelatty, sin embargo, intentó separar la disputa con el Gobierno etíope de las relaciones entre ambos pueblos. Señaló que Egipto no mantiene ningún conflicto con los ciudadanos de Etiopía, a quienes considera hermanos y hermanas, y sostuvo que el problema se concentra en las decisiones adoptadas por Addis Abeba sobre el aprovechamiento de las aguas del Nilo Azul.
El principal punto de fricción es la Gran Presa del Renacimiento Etíope, conocida como GERD, construida por Etiopía sobre el Nilo Azul. Durante 13 años, los dos países, junto con Sudán, han participado en negociaciones destinadas a establecer reglas para el llenado y funcionamiento de la infraestructura, pero el proceso terminó estancado sin un acuerdo que Egipto considere suficiente.
El ministro egipcio recordó que su país ha advertido que no aceptará medidas unilaterales que puedan comprometer su abastecimiento. Ante la posibilidad de que la controversia derive en una confrontación militar, Abdelatty sostuvo que las Fuerzas Armadas egipcias tienen entre sus responsabilidades proteger el territorio, las fronteras y los intereses nacionales.
Su declaración adquiere mayor relevancia por los nuevos proyectos anunciados por Etiopía para ampliar su capacidad de generación hidroeléctrica en el Nilo Azul. Addis Abeba ha planteado desarrollar las represas de Karadobi, Mandaya y Beko Abo, que en conjunto tendrían una capacidad aproximada de 5.700 megavatios.
Estos planes aparecen menos de un año después de la inauguración formal de la GERD, en septiembre de 2025, una obra que transformó el equilibrio estratégico en la cuenca del Nilo y se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre Etiopía, Egipto y Sudán.
Etiopía, como país ubicado aguas arriba, sostiene su derecho a utilizar sus recursos hídricos para impulsar el desarrollo económico y ampliar su capacidad de generación eléctrica. El Gobierno etíope también ha rechazado las exigencias egipcias de establecer un acuerdo jurídicamente vinculante que regule de manera permanente el funcionamiento de la gran presa.
Para Egipto, en cambio, el problema no es únicamente energético o diplomático: es una cuestión de supervivencia nacional. El país depende del Nilo para prácticamente la totalidad de sus recursos hídricos y afronta una situación de creciente presión sobre el agua.
Las autoridades egipcias calculan que las necesidades anuales del país superan los 90.000 millones de metros cúbicos, mientras que su participación histórica en las aguas del Nilo está fijada en 55.500 millones de metros cúbicos. La diferencia entre disponibilidad y demanda obliga al país a enfrentar una creciente brecha hídrica.
El nivel de disponibilidad por habitante es igualmente preocupante. Egipto cuenta con menos de 500 metros cúbicos de agua por persona al año, una cifra situada por debajo del umbral de 1.000 metros cúbicos utilizado internacionalmente para identificar situaciones de escasez hídrica.
En ese escenario, cualquier modificación en el régimen de las aguas del Nilo Azul es observada en El Cairo como un asunto de seguridad nacional. Egipto insiste en que no pretende impedir el desarrollo de otros países africanos ni cuestiona el derecho de Etiopía a generar energía, pero sostiene que ese desarrollo no puede realizarse a costa de su propia seguridad hídrica.
La posición egipcia se endureció nuevamente a comienzos de agosto, cuando Abdelatty afirmó que su país no permitiría nuevas acciones unilaterales ni la construcción de represas adicionales que pudieran afectar sus intereses. El funcionario volvió entonces a invocar el derecho de Egipto a defenderse para proteger su seguridad hídrica.
La disputa, por tanto, se encuentra en un punto especialmente delicado. Etiopía busca aprovechar el potencial hidroeléctrico del Nilo Azul para acelerar su desarrollo, mientras Egipto considera que su propia supervivencia depende de preservar el flujo de agua. Sudán queda en medio de una disputa que combina intereses económicos, seguridad nacional, derecho internacional y control de un recurso indispensable.
Más allá de las declaraciones diplomáticas, el verdadero riesgo está en que una controversia que durante años se ha mantenido principalmente en el terreno de la negociación termine adquiriendo una dimensión militar. La referencia explícita de Egipto a su derecho de autodefensa constituye una de las señales más fuertes de que el conflicto por el Nilo continúa lejos de encontrar una solución definitiva.
El desafío para la región será evitar que la disputa por un recurso vital termine convirtiéndose en un enfrentamiento entre países vecinos. En una zona sometida a creciente estrés hídrico, la GERD y los nuevos proyectos etíopes no solo representan infraestructura para producir electricidad: también se han convertido en piezas centrales de una disputa geopolítica cuyo desenlace puede afectar la estabilidad de todo el noreste de África.
