Una nueva batalla judicial se abrió en Estados Unidos en torno a la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Una coalición de estados y varias de las principales ciudades gobernadas por demócratas presentó demandas contra una regulación federal que amplía el margen de decisión de los funcionarios de inmigración para determinar si una persona puede obtener la residencia permanente cuando ella o algún integrante de su familia ha recibido determinados beneficios públicos.
La ofensiva legal está encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien se unió a otros 21 estados para cuestionar la denominada regla de “carga pública”. En otra acción judicial participa el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto con autoridades de ciudades como Chicago, San Francisco y Seattle.
Los demandantes sostienen que la medida puede generar un efecto disuasorio entre las familias inmigrantes, muchas de las cuales podrían verse obligadas a escoger entre acudir a programas de alimentación, salud, vivienda o preservar sus posibilidades de obtener un estatus migratorio permanente.
California, Colorado, Hawái, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nuevo México y Wisconsin se encuentran entre los estados que participan en la impugnación. Durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Nueva York, James afirmó que la regulación aprovecha el temor de los inmigrantes y puede llevarlos a renunciar a prestaciones esenciales por miedo a que posteriormente sean utilizadas en su contra durante un trámite migratorio.
El alcalde Mamdani coincidió en que la medida podría tener consecuencias que irían más allá de quienes solicitan directamente la residencia. A su juicio, el temor a ser identificado como beneficiario de programas públicos podría hacer que numerosos inmigrantes eviten acudir al médico, solicitar alimentos o utilizar otros servicios disponibles legalmente.
Uno de los puntos centrales de las demandas es precisamente el alcance que tendría la nueva regulación. Según los gobiernos demandantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estaría otorgando a los funcionarios migratorios una capacidad excesiva para valorar el uso de beneficios públicos dentro de los procesos de inmigración.
La preocupación aumenta porque la norma no establece una lista cerrada de programas que puedan ser considerados. En cambio, dispone que los funcionarios deberán realizar evaluaciones individuales, tomando en cuenta el conjunto de circunstancias de cada extranjero y aplicando su propio criterio.
Los críticos advierten que esta fórmula podría permitir que prácticamente cualquier asistencia pública sea incorporada a la evaluación, incluso cuando el beneficiario directo no sea el solicitante de la residencia. James puso como ejemplo el caso de un padre o una madre que podría enfrentar dificultades para obtener una ‘green card’ porque un hijo suyo, ciudadano estadounidense, recibió cobertura médica estatal o participó en un programa de alimentación escolar.
Los gobiernos estatales y municipales consideran que esa interpretación se aparta de la manera en que históricamente se ha aplicado el concepto de “carga pública” y que el DHS estaría excediendo las facultades que le otorgó el Congreso. Steve Banks, asesor jurídico de la ciudad de Nueva York, sostuvo que la regulación modifica de manera sustancial un criterio legal que, según los demandantes, tiene más de un siglo de aplicación y que no fue concebido para penalizar a las familias por utilizar ayudas públicas.
Desde California, el fiscal general Rob Bonta calificó la medida como una política “cruel” y cuestionó sus posibles efectos sobre las familias inmigrantes. La administración Trump, sin embargo, rechaza las advertencias de los gobiernos demócratas. El DHS acusó a los llamados estados santuario de temer que una parte de los inmigrantes deje de utilizar programas financiados con recursos públicos y defendió la posibilidad de aplicar la normativa para determinar quién puede obtener beneficios migratorios.
La controversia revive así una política que ya había generado una fuerte disputa durante el primer mandato de Trump. La regla de “carga pública” fue impulsada entonces por su administración, pero posteriormente fue revertida durante el gobierno del demócrata Joe Biden.
Las dos demandas fueron presentadas ante un tribunal federal de Manhattan y buscan que la nueva regulación sea declarada ilegal. Los demandantes sostienen que el DHS actuó de manera “arbitraria y caprichosa”, sobrepasó sus competencias y alteró el alcance tradicional de las disposiciones federales sobre carga pública.
El conflicto judicial podría convertirse en un nuevo frente de confrontación entre la Casa Blanca y los gobiernos demócratas, en momentos en que la administración Trump amplía su estrategia para endurecer los controles migratorios no solamente sobre quienes ingresan ilegalmente a Estados Unidos, sino también sobre extranjeros que buscan regularizar su permanencia por vías legales.
La fiscal general de Nueva York Letitia James habla en el anuncio de la demanda presentada por Nueva York y otros 21 estados contra los límites a la asistencia pública para inmigrantes, en Nueva York, el 14 de septiembre del 2026.
(Ryan Murphy / Ap Photo/ryan Murphy)
