La actividad portuaria en Argentina enfrenta una fuerte interrupción luego de que los prácticos de navegación iniciaran un paro en rechazo al Decreto 690/2026, una medida del Gobierno nacional que modifica las reglas del servicio de practicaje y pilotaje. La protesta ya provoca un impacto significativo sobre el comercio exterior, con al menos 140 buques que permanecen sin poder ingresar o salir de los puertos del país.
Los prácticos desempeñan un papel esencial en la navegación comercial, ya que son los profesionales autorizados para abordar los buques y asistir a sus capitanes durante las maniobras de entrada, salida y tránsito por canales y vías navegables. Su conocimiento de las condiciones locales resulta determinante para garantizar operaciones seguras en los accesos portuarios.
El conflicto surgió tras la publicación del Decreto 690/2026 en el Boletín Oficial el pasado 30 de julio. La nueva normativa reemplaza al Decreto 2694 de 1991, vigente durante más de tres décadas, e introduce una reforma orientada a liberalizar el mercado del practicaje, permitiendo la competencia entre prestadores y eliminando el esquema tarifario regulado para que los precios sean definidos por la oferta y la demanda.
Desde el sector de los prácticos sostienen que la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prioriza criterios económicos sobre la seguridad de la navegación. Según su posición, flexibilizar los requisitos de acceso a la actividad podría incrementar los riesgos en una tarea considerada estratégica para la protección de las embarcaciones, las tripulaciones y el medio ambiente.
Como parte de la reforma, el Gobierno incluyó mecanismos para garantizar la continuidad del servicio en caso de que se presenten interrupciones. El decreto faculta a la Prefectura Naval Argentina, autoridad responsable de regular la actividad, para prestar directamente los servicios de practicaje, pilotaje o baquía cuando considere que existen circunstancias excepcionales que impidan el funcionamiento normal del sistema. Asimismo, podrá solicitar el apoyo de la Armada Argentina y autorizar, de manera temporal, a capitanes de ultramar o fluviales con certificación de conocimiento de la zona para desempeñar estas funciones en situaciones de crisis o fuerza mayor. El Ejecutivo argumenta que la regulación anterior había quedado desactualizada frente a los avances tecnológicos de la navegación y que imponía exigencias que dificultaban el ingreso de nuevos operadores, favoreciendo un mercado altamente concentrado.
De acuerdo con fuentes oficiales, uno de los principales objetivos de la reforma es reducir los elevados costos logísticos asociados al practicaje. El Gobierno sostiene que el servicio para un solo buque que navega hacia los puertos del río Paraná puede oscilar entre 50.000 y 100.000 dólares, cifras que considera desproporcionadas frente a los valores registrados en otros países y que, según asegura, afectan la competitividad del comercio exterior argentino.
Como ejemplo, señala que el practicaje de un buque tipo Panamax en el Río de la Plata cuesta cerca de 16.900 dólares, mientras que una operación similar en el puerto estadounidense de Everglades ronda los 4.500 dólares y en Gdańsk, Polonia, aproximadamente 4.700 dólares. También cuestiona el costo del traslado del práctico hasta la embarcación, servicio que en Buenos Aires supera los 2.000 dólares, frente a unos 200 dólares en puertos estadounidenses.
Las autoridades atribuyen estas diferencias a un sistema con fuertes barreras de entrada, caracterizado por requisitos considerados excesivos para obtener las habilitaciones profesionales y por una segmentación geográfica que obliga a contratar distintos prácticos durante un mismo recorrido, incrementando los costos de cada operación.
Mientras tanto, el impacto del paro continúa creciendo. El Centro de Navegación informó que al menos 140 embarcaciones permanecen a la espera de la confirmación de los servicios de practicaje y pilotaje, una cifra que podría aumentar en las próximas horas debido a los buques programados para ingresar y salir de la principal vía navegable del país.
La entidad también advirtió que varias operaciones fueron canceladas y redireccionadas hacia el puerto de Montevideo y terminales del sur de Brasil, afectando directamente a los puertos argentinos de Buenos Aires, Dock Sud, La Plata, Zárate-Campana, Bahía Blanca, Quequén y las terminales del denominado “up river” sobre el río Paraná.
Según el sector naviero, la paralización amenaza con generar una fuerte congestión en los puertos, retrasos en la cadena logística, incumplimientos contractuales y millonarias pérdidas económicas derivadas de costos adicionales y demoras en las exportaciones e importaciones. Además, alertó sobre el posible deterioro de la imagen de Argentina como destino confiable para el comercio marítimo internacional.
La Cámara Argentina de Energía (CADE) también reportó afectaciones en las operaciones de sus empresas asociadas. Entre las terminales comprometidas se encuentran los puertos de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, fundamentales para la distribución de combustibles en el territorio argentino. A estas se suma la terminal de Caleta Córdova, en la provincia de Chubut, un punto estratégico para el transporte de petróleo crudo hacia las refinerías del país.
Mientras el conflicto continúa, el sector portuario permanece a la expectativa de una solución que permita restablecer el servicio de practicaje y evitar un mayor impacto sobre el comercio exterior argentino.
