En una decisión de amplio alcance jurídico e histórico, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este martes la vigencia del derecho a la ciudadanía por nacimiento, rechazando el intento del presidente Donald Trump de restringir ese beneficio mediante una orden ejecutiva.
Con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra, el máximo tribunal reafirmó que la Constitución estadounidense continúa garantizando la ciudadanía a la inmensa mayoría de las personas nacidas en territorio nacional, independientemente de la situación migratoria de sus padres.
El fallo ratifica que toda persona nacida en Estados Unidos sigue siendo considerada ciudadana estadounidense conforme a las disposiciones constitucionales vigentes. Los jueces determinaron que el Poder Ejecutivo carece de autoridad para modificar unilateralmente un derecho protegido por la Constitución. En consecuencia, la orden promovida por Trump fue considerada incompatible con el marco constitucional.
La sentencia fortalece la interpretación tradicional de la Enmienda XIV, que establece que son ciudadanos de Estados Unidos quienes nacen en el país y están sujetos a su jurisdicción. La Corte confirmó la plena vigencia del caso *United States v. Wong Kim Ark*, decisión judicial que desde finales del siglo XIX ha servido como fundamento legal de la ciudadanía por nacimiento.
El presidente de la Corte Suprema redactó el criterio mayoritario, respaldado por otros cinco magistrados. Tres jueces presentaron opiniones disidentes. Los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch expresaron desacuerdo con la interpretación adoptada por la mayoría y sostuvieron una lectura distinta de las disposiciones constitucionales involucradas.
Desde su emisión, la orden ejecutiva permaneció suspendida por resoluciones de tribunales federales inferiores, por lo que el sistema de ciudadanía por nacimiento nunca dejó de aplicarse. Especialistas consideran que la decisión preserva el acceso automático a la ciudadanía para aproximadamente 250.000 niños que nacen cada año en Estados Unidos de padres con estatus migratorio temporal o sin residencia permanente.
La Corte dejó claro que una modificación de esta naturaleza solo podría realizarse mediante una reforma constitucional o a través de mecanismos legales compatibles con la propia Constitución, descartando la posibilidad de cambios por decreto presidencial. La resolución representa una de las derrotas judiciales más significativas para la política migratoria impulsada por el mandatario y mantiene vigente una garantía constitucional que ha permanecido en pie durante más de siglo y medio.
A pesar de la predominancia conservadora dentro del tribunal, tres jueces de ese sector se sumaron a los magistrados liberales, permitiendo conformar la mayoría de seis votos que sostuvo la interpretación tradicional de la ciudadanía por nacimiento.
Los magistrados destacaron la existencia de una sólida tradición jurídica que respalda este derecho, señalando que cualquier modificación requeriría fundamentos constitucionales mucho más robustos que los planteados en la orden ejecutiva cuestionada.
Aunque la decisión pone fin a este litigio específico, el debate sobre la ciudadanía por nacimiento continuará ocupando un lugar central en la discusión nacional sobre inmigración. Los sectores que buscan modificar este derecho tendrían que promover una reforma constitucional o impulsar nuevas iniciativas legislativas, un proceso considerablemente más complejo que la emisión de una orden ejecutiva.
Diversas organizaciones de derechos civiles celebraron la resolución, calificándola como una victoria para las familias inmigrantes y para la protección de los principios constitucionales de igualdad.
Según estos grupos, la Cláusula de Ciudadanía ha sido uno de los pilares fundamentales de la democracia estadounidense, al garantizar que toda persona nacida en el país sea reconocida como ciudadana desde el momento de su nacimiento, sin importar su origen étnico, condición social o la situación migratoria de sus progenitores.
Los defensores del fallo sostienen que esta protección reafirma el principio de igualdad ante la ley y asegura que los derechos y oportunidades de las personas no dependan de su ascendencia ni de las circunstancias de su nacimiento.
Actualmente, alrededor de 38 millones de estadounidenses de segunda generación —nacidos en el país con al menos un padre inmigrante— forman parte activa de la vida económica, social y cultural de la nación. Helen Iris Torres, directora ejecutiva de la organización HOPE, afirmó que la decisión reafirma un principio constitucional que ha contribuido a moldear la historia y fortalecer la democracia estadounidense durante generaciones.
Por su parte, Cecillia Wang, directora nacional del Departamento Legal de la ACLU y una de las abogadas que defendió el caso ante la Corte Suprema, señaló que la sentencia confirma una promesa fundamental del país: quien nace en Estados Unidos es ciudadano, y ningún presidente puede alterar esa garantía mediante una orden ejecutiva.
Desde una perspectiva más crítica, Thomas Wolf, director de iniciativas sobre democracia del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, calificó la decisión como jurídicamente correcta, aunque sostuvo que no compensa otras resoluciones recientes del tribunal que, a su juicio, han debilitado diversos mecanismos de protección democrática.
Asimismo, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), que participó en el proceso mediante un escrito de apoyo, celebró el fallo y afirmó que representa un importante alivio para millones de familias inmigrantes, aunque advirtió que persisten desafíos relacionados con las políticas migratorias impulsadas por la actual administración.
