La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, lanzó un firme llamado a preservar la independencia de los jueces y expresó su preocupación por las descalificaciones que, según señaló, proceden de personas que ocupan responsabilidades institucionales.
Perelló defendió la legitimidad de las decisiones judiciales y sostuvo que los magistrados deben poder desarrollar su labor con plena autonomía, sin someterse a intereses políticos ni a presiones externas. Durante su intervención, la presidenta del Supremo subrayó que los jueces adoptan sus resoluciones atendiendo a criterios jurídicos y no a consideraciones políticas. En ese sentido, aseguró que actúan “sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo”.
Sus declaraciones adquieren especial relevancia en un escenario de creciente confrontación política en España, donde las actuaciones de los tribunales se han convertido con frecuencia en objeto de críticas desde distintos sectores partidistas. La advertencia de Perelló apunta precisamente a la necesidad de evitar que las discrepancias con las resoluciones judiciales terminen convirtiéndose en cuestionamientos personales contra los magistrados o en intentos de condicionar su actuación.
La responsable del Poder Judicial también reclamó respeto hacia quienes integran la carrera judicial, al considerar que la crítica a una sentencia forma parte del debate democrático, pero que esta debe mantenerse dentro de los límites del respeto institucional y de la independencia de la Justicia.
El mensaje de Perelló coloca nuevamente en el centro del debate uno de los principios esenciales del Estado de derecho: la separación entre los poderes públicos. Para la máxima responsable del Poder Judicial, la independencia judicial no significa que las decisiones de los tribunales estén exentas de crítica, sino que los jueces deben poder resolver los asuntos sometidos a su consideración sin recibir instrucciones, amenazas o presiones provenientes de otros poderes.
En este contexto, su pronunciamiento constituye también una defensa de la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. La credibilidad de los tribunales depende no solo de que sus decisiones estén fundamentadas en la ley, sino de que exista la percepción de que quienes las adoptan pueden hacerlo con libertad frente a cualquier poder político, económico o institucional.
La controversia vuelve así a poner sobre la mesa la tensión entre la legítima crítica política a las actuaciones de los tribunales y el respeto que debe garantizarse a la independencia de los jueces, una frontera especialmente sensible en cualquier democracia.
