Una nueva demanda presentada en Massachusetts reabre el debate sobre la segregación racial en las escuelas públicas de Estados Unidos. La acción judicial, interpuesta el miércoles por estudiantes y organizaciones comunitarias, acusa al estado de mantener un sistema educativo profundamente desigual al concentrar a alumnos negros y latinos en distritos con altos índices de pobreza y menores oportunidades académicas.
Los demandantes cuestionan especialmente el modelo de asignación escolar basado exclusivamente en el lugar de residencia de las familias. Según argumentan, este mecanismo reproduce las divisiones históricas de vivienda y termina consolidando escuelas segregadas racial y económicamente.
El caso se suma a una serie de litigios impulsados en distintos estados del país para combatir las brechas educativas vinculadas a la segregación residencial y al desigual financiamiento escolar. Estas iniciativas han cobrado relevancia en un contexto en el que los esfuerzos federales de integración escolar han perdido fuerza respecto a décadas anteriores, cuando Washington intervenía activamente para desmantelar sistemas segregados.
La demanda fue presentada por nueve estudiantes y cuatro organizaciones civiles pertenecientes a distritos como Boston, Springfield, Holyoke, Lawrence, Brockton, Lynn y Worcester. Todos ellos comparten una característica: están rodeados de distritos más ricos y mayoritariamente blancos, pero los estudiantes no pueden acceder a esas escuelas debido a las restricciones territoriales del sistema.
Frente a las acusaciones, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts respondió que no tiene autoridad legal para modificar los límites distritales ni para obligar a las escuelas a aceptar estudiantes de otras jurisdicciones. La entidad defendió además las inversiones realizadas en programas destinados a reducir las desigualdades educativas y mejorar las tasas de graduación en comunidades vulnerables. “Massachusetts lidera el país en rendimiento académico y seguimos comprometidos con fortalecer el sistema educativo para todos los estudiantes”, señaló la portavoz oficial Jacqueline Reis.
Sin embargo, los demandantes sostienen que los resultados positivos del estado no benefician de manera equitativa a toda la población estudiantil. Un informe elaborado en 2024 por un consejo asesor estatal concluyó que el 63% de las escuelas de Massachusetts son segregadas o intensamente segregadas. El documento también advirtió que los centros con mayor presencia de estudiantes afroamericanos y latinos registran peores indicadores de graduación y acceso a la universidad.
Para Jillian Lenson, abogada de Lawyers for Civil Rights, el problema no radica en las capacidades de los estudiantes, sino en las condiciones estructurales de las escuelas a las que asisten. Según explicó, el propio Estado ha perpetuado durante décadas un sistema desigual que afecta especialmente a las minorías raciales.
La demanda, radicada ante un tribunal estatal en el condado de Suffolk, solicita que Massachusetts implemente medidas concretas para corregir las disparidades derivadas de las normas de zonificación escolar. Entre las propuestas planteadas por los demandantes figuran la ampliación de programas regionales de escuelas imán, mayores inversiones en centros educativos con menos recursos y una revisión de los mecanismos de traslado entre distritos. Aunque actualmente existen algunos programas de transferencia voluntaria y escuelas vocacionales regionales, las organizaciones aseguran que las limitaciones burocráticas y el reducido alcance de estas iniciativas impiden un acceso realmente equitativo.
GeDá Jones Herbert, asesora jurídica de Brown’s Promise, aclaró que la demanda no busca imponer una integración obligatoria, sino promover políticas respaldadas por evidencia que amplíen las oportunidades educativas para todos los estudiantes. “A los estudiantes negros y latinos se les está cerrando el acceso a mejores oportunidades, y eso resulta inconstitucional”, afirmó.
El litigio en Massachusetts no es un caso aislado. En Nueva Jersey y Minnesota también se han presentado demandas similares que denuncian cómo los sistemas escolares basados en la residencia terminan reproduciendo segregación racial y desigualdades educativas. Aunque esos procesos siguen en curso, reflejan una tendencia creciente a trasladar este debate a los tribunales estatales.
Especialistas en derecho constitucional consideran que las constituciones de los estados podrían convertirse en una herramienta clave para enfrentar estas desigualdades, especialmente después de que varias decisiones de la Corte Suprema limitaran las posibilidades de aplicar políticas federales de integración racial en las escuelas.
Para académicos como Robert Williams, profesor emérito de la Universidad Rutgers, el problema no es únicamente social o económico, sino también institucional. Según explica, cuando las leyes obligan a los estudiantes a asistir únicamente a escuelas de su zona de residencia —en contextos marcados por profundas divisiones habitacionales— el resultado termina siendo una forma indirecta de segregación respaldada por el propio sistema estatal.
