Según una investigación publicada por el diario El País, de España, Adriana Cely —hermana de Rosa Elvira Cely, víctima del crimen que dio origen a la ley de feminicidio en Colombia— cuestionó duramente la imagen pública de Abelardo de la Espriella como supuesto defensor de los derechos de las mujeres.
“Él sí nos trató mal. Y si tan feminista es, ¿por qué nos trató así?”, afirma Cely al recordar la relación que tuvo su familia con el abogado durante el proceso judicial por el asesinato de su hermana en 2012.
Rosa Elvira Cely fue asesinada en el Parque Nacional de Bogotá en un caso que conmocionó al país y evidenció graves fallas institucionales por parte de la Policía, la Fiscalía y el sistema de salud. Años después, el crimen se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia de género y dio nombre a la ley que tipificó el feminicidio como delito autónomo en Colombia.
En medio de la atención mediática que despertó el caso apareció el penalista Abelardo de la Espriella, hoy aspirante presidencial, quien asumió gratuitamente la representación penal de la familia. Sin embargo, Adriana Cely sostiene que el interés del abogado respondía también al alto impacto mediático del proceso. “Era un caso estratégico para el bufete”, asegura.
Aunque reconoce que el equipo jurídico acompañó el juicio, Cely afirma que gran parte de la recolección de pruebas fue realizada directamente por la familia y personas cercanas. Finalmente, Javier Velasco Valenzuela fue condenado a 48 años de prisión por acceso carnal violento, tortura y homicidio agravado.
No obstante, uno de los puntos más sensibles para la familia fue que la acusación no utilizó el agravante de género contemplado en la Ley 1257 de 2008, antecedente jurídico clave para reconocer el asesinato de mujeres por razones de género. Según Cely, esto contradice el relato posterior de De la Espriella sobre su supuesto liderazgo en la creación de la ley de feminicidio. “Miente al decir que gracias a él se hizo la ley”, sostiene.
La abogada Nidia Olaya Prada, quien trabajaba entonces para la Secretaría Distrital de la Mujer, explicó a El País que en aquella época muchos operadores judiciales desconocían cómo aplicar ese agravante. Para Cely, sin embargo, resulta contradictorio que quien hoy se presenta como referente en temas de género tampoco lo hubiera utilizado en el caso más emblemático del país.
Además de las diferencias jurídicas, Adriana Cely describe una relación tensa y dolorosa con el abogado. Relata que De la Espriella trataba de manera despectiva a su madre y minimizaba constantemente sus opiniones. “Era irrespetuoso con ella, con la madre de la víctima”, recuerda.
Las tensiones aumentaron cuando el abogado intentó asumir también la demanda administrativa contra el Estado. Según Cely, el contrato incluía cláusulas que le parecieron abusivas, como restricciones para hablar con medios de comunicación y disposiciones sobre el manejo de la eventual indemnización de su sobrina. Tras consultar a otra jurista, decidió no firmarlo.
Cely asegura que, mientras permanecía hospitalizada tras una cirugía, recibió una llamada de De la Espriella reclamándole por no haber entregado el contrato firmado. “Me dijo: ‘¿Usted qué va a saber de justicia?’”, recuerda. Desde entonces, la relación terminó definitivamente.
En paralelo, Adriana Cely comenzó a participar activamente en el movimiento feminista que impulsó la Ley Rosa Elvira Cely. Según su testimonio, el hoy político no participó en la construcción del proyecto legislativo. Esa versión es respaldada por Isabel Agatón, directora de Cijusticia y una de las principales impulsoras de la norma, así como por la exsenadora Gloria Inés Ramírez, quienes afirmaron a El País que De la Espriella no tuvo ningún rol relevante en la redacción ni en el trámite parlamentario de la ley.
Para las organizaciones y activistas que lideraron ese proceso, el abogado sí tuvo presencia mediática durante el juicio, pero no intervino en el trabajo técnico ni político que permitió convertir el feminicidio en un delito autónomo en Colombia.
La publicación de El País recoge además el temor expresado por Adriana Cely al hacer públicas estas declaraciones. “Me da terror pensar que por hablar pueda pasarme algo a mí o a mi familia”, afirma, responsabilizando públicamente a De la Espriella de cualquier situación que pudiera ocurrirles tras sus denuncias. Esta es otra evidencia del postulado que el autoproclamado “tigre” ha tenido como bandera profesional: “la ética no tiene nada que ver con el derecho”.
