La detención del fiscal general del Estado boliviano, Roger Mariaca, elevó este jueves la tensión política y judicial en Bolivia y abrió un nuevo capítulo en la crisis que atraviesa el aparato de justicia del país. Mariaca fue aprehendido la noche del miércoles 30 de septiembre en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, junto con el fiscal departamental de ese departamento, Alberto Zeballos.
La operación se produjo apenas dos días después de que Estados Unidos revocara las visas de Mariaca y de otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos, a quienes Washington señaló por presunta corrupción y vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.
En las primeras horas posteriores a la detención, la propia Fiscalía General había denunciado que Mariaca fue aprehendido de manera “ilegal” y llegó a calificar el procedimiento como un “secuestro”. También denunció una intervención policial en sus instalaciones de Sucre, la capital constitucional de Bolivia.
Sin embargo, durante la madrugada y la mañana de este jueves el caso adquirió otra dimensión. El Gobierno de Rodrigo Paz presentó el operativo como parte de una investigación mucho más amplia contra una presunta estructura criminal que habría operado dentro de instituciones judiciales y de seguridad para favorecer actividades del narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la investigación apunta a una organización que presuntamente “protegía, participaba y se enriquecía con el tráfico de sustancias controladas”. Según las autoridades, 14 personas fueron detenidas en diferentes procedimientos, mientras otras son investigadas o buscadas.
Entre los nombres vinculados al operativo aparecen, además de Mariaca y Zeballos, funcionarios y exfuncionarios relacionados con la Fiscalía y la lucha antidrogas. También fue reportada la aprehensión del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, mientras las autoridades investigan a otras personas por posibles conexiones con la estructura que se indaga.
Uno de los elementos que ha cobrado mayor importancia en las últimas horas es la difusión de un video atribuido al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en Bolivia en marzo de este año y posteriormente trasladado a Estados Unidos. En el material, que comenzó a circular después de conocerse la captura de Mariaca, Marset se refiere al fiscal general como “mi amigo” y afirma que hablaba con él. También aparecen expresiones que han sido interpretadas por las autoridades y medios bolivianos como indicios de una posible relación entre ambos.
El contenido, sin embargo, debe manejarse con cautela. La existencia de una declaración de Marset no demuestra por sí sola que Mariaca haya colaborado con él ni que haya recibido dinero o favorecido sus actividades criminales. La autenticidad, integridad y contexto completo del material tendrán que ser establecidos mediante una investigación y, eventualmente, peritajes.
La propia Fiscalía boliviana negó, además, una versión según la cual Mariaca se habría reunido personalmente con Marset poco antes de que este fuera extraditado y pidió que se presenten pruebas que sustenten esa afirmación. La investigación adquiere especial relevancia porque Marset fue uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica y su captura en Bolivia, en marzo de 2026, contó con cooperación de las autoridades bolivianas y posterior intervención de la DEA. La agencia estadounidense confirmó que Marset fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con tráfico de cocaína y lavado de dinero.
La detención ocurre en un momento especialmente delicado para Mariaca. El 28 de septiembre, el Departamento de Estado estadounidense anunció restricciones migratorias contra funcionarios de varios países latinoamericanos. En el caso de Bolivia, Washington señaló a Mariaca por presuntamente abusar de su posición para solicitar y aceptar sobornos destinados a facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Estados Unidos presentó estas acusaciones dentro de su estrategia denominada “Escudo de las Américas”, impulsada por la administración de Donald Trump para combatir organizaciones criminales, narcotráfico y corrupción en el continente.
Mariaca rechazó las acusaciones estadounidenses y las presentó como una forma de presión sobre la independencia del Ministerio Público. El fiscal había defendido públicamente su actuación y sostuvo que su obligación era aplicar la Constitución y las leyes bolivianas, no responder a intereses políticos o empresariales.
El momento político resulta especialmente sensible porque Mariaca había sido elegido por la Asamblea Legislativa en octubre de 2024 para un periodo constitucional de seis años, hasta 2030. Su salida del cargo, por tanto, no es un asunto administrativo ordinario. Antes de conocerse la detención, la Asamblea Legislativa Plurinacional había convocado para el próximo 5 de octubre una sesión destinada a analizar las acusaciones formuladas por Estados Unidos contra Mariaca y otros funcionarios bolivianos.
El Legislativo anunció que estudiaría la documentación relacionada con las restricciones estadounidenses y la eventual creación de una comisión parlamentaria de investigación. Los legisladores también solicitaron a la Cancillería que gestione ante Washington la entrega de los antecedentes que sustentaron las acusaciones contra Mariaca y las demás personas incluidas en la lista.
El vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, señaló que la actuación parlamentaria debía tener carácter informativo y fiscalizador y respetar la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Esto introduce un elemento fundamental: una sanción migratoria de Estados Unidos no equivale a una condena penal en Bolivia. Las acusaciones estadounidenses constituyen antecedentes relevantes para la investigación, pero la responsabilidad penal debe establecerse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
La gravedad del episodio no radica únicamente en que haya sido detenido el máximo responsable del Ministerio Público. El caso afecta directamente a una institución cuya función es investigar y acusar penalmente a quienes cometen delitos. Si las acusaciones contra Mariaca y otros funcionarios llegan a ser demostradas, el escándalo tendría implicaciones mucho más profundas: significaría que una parte del aparato encargado de perseguir el narcotráfico habría sido utilizada, presuntamente, para proteger intereses de organizaciones criminales.
Pero si las acusaciones no consiguen sostenerse con pruebas suficientes, también quedaría planteado un problema institucional de enorme gravedad: la utilización de organismos policiales y judiciales para intervenir contra la máxima autoridad del Ministerio Público sin garantizar las reglas del debido proceso.
Ese es precisamente uno de los puntos que el Gobierno deberá aclarar. Uno de los elementos que el Gobierno boliviano presentó este jueves como parte de sus argumentos para sostener la investigación fue el hallazgo de una importante cantidad de dinero que, según la versión oficial, era transportada en una ambulancia que salió de la vivienda de Mariaca.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que cuatro personas fueron detenidas cuando intentaban sacar dinero del domicilio del ahora exfiscal general. Posteriormente, otras seis personas habrían sido aprehendidas cuando intentaban retirar documentación del inmueble. En total, el Gobierno reportó 14 personas detenidas durante los operativos realizados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
Las autoridades sostienen que estos elementos forman parte de una investigación por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. El Ejecutivo acusa a Mariaca de haber encabezado una estructura instalada dentro del Ministerio Público que presuntamente protegía actividades del narcotráfico.
Pero existe una diferencia fundamental entre una acusación gubernamental y una responsabilidad penal demostrada. Hasta este momento, las autoridades han presentado la existencia de una investigación y determinados elementos incautados, pero será la justicia boliviana la que deberá establecer si el dinero, los documentos y las demás evidencias tienen relación directa con los delitos atribuidos a Mariaca y a los otros detenidos.
El caso adquiere una dimensión internacional porque la detención se produjo apenas dos días después de que Estados Unidos revocara el visado de Mariaca. Washington lo había señalado por presuntamente aceptar sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y permitir que personas vinculadas al crimen organizado evadieran la justicia. Mariaca rechazó esas acusaciones y sostuvo que las medidas estadounidenses podían estar relacionadas con investigaciones sensibles adelantadas durante su gestión.
La coincidencia temporal entre ambas actuaciones será inevitablemente objeto de debate. Sin embargo, hasta ahora no existe información que permita afirmar que Estados Unidos haya ordenado o ejecutado directamente la detención. El ministro Oviedo aseguró que el operativo fue realizado por la Policía boliviana, aunque reconoció la existencia de cooperación e intercambio de información con organismos internacionales en la lucha contra el narcotráfico.
La secuencia, no obstante, resulta políticamente significativa: primero llegó la sanción estadounidense; 48 horas después, el fiscal general fue detenido en Bolivia bajo acusaciones relacionadas precisamente con narcotráfico y corrupción. La investigación también está conectada con el expediente del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, cuya captura en Bolivia se convirtió en uno de los principales casos internacionales de lucha contra el narcotráfico en el país.
Según las versiones divulgadas este jueves, un video atribuido a Marset contiene referencias a Mariaca y habría sido utilizado como uno de los elementos que despertaron sospechas sobre las relaciones del entonces fiscal general. El Gobierno sostiene que existen indicios de conexiones entre miembros de la estructura investigada y personas vinculadas al narcotráfico.
Mariaca, por su parte, había rechazado previamente cualquier vínculo ilícito con Marset y defendido la actuación de la Fiscalía en la investigación contra el narcotraficante. Este punto será especialmente relevante para el proceso: una declaración realizada por un narcotraficante no constituye, por sí sola, una prueba concluyente de la participación criminal de otra persona. Tendrán que establecerse su autenticidad, contexto, corroboración y relación con otras evidencias.
La detención de Mariaca produjo además un problema institucional inmediato: Bolivia quedó sin su fiscal general titular. Ante esa situación, el Ministerio Público designó a Luis Montaño Morales como fiscal general interino, mientras avanza el proceso contra Mariaca.
La situación es particularmente delicada porque quien dirigía la institución encargada de investigar delitos terminó convertido en investigado por algunos de los delitos más graves que precisamente debía perseguir. De confirmarse judicialmente las acusaciones, el escándalo representaría una de las mayores crisis institucionales recientes de Bolivia. Pero si las pruebas no logran sostener las imputaciones, también surgirían interrogantes sobre la legalidad y las motivaciones de una operación que terminó con la detención del máximo responsable del Ministerio Público.
El vicepresidente boliviano, Edmand Lara, ha pedido que se respete el debido proceso, mientras otros sectores políticos han cuestionado la forma en que se produjo el operativo. La discusión es relevante porque la lucha contra el narcotráfico no elimina las garantías constitucionales de las personas investigadas.
En una democracia, incluso una persona acusada de delitos graves tiene derecho a conocer los cargos, contar con defensa, controvertir las pruebas y ser juzgada por las autoridades competentes. Por eso, la espectacularidad del operativo —con allanamientos, detenciones simultáneas y la difusión de información sobre dinero incautado— no sustituye la obligación de demostrar judicialmente cada una de las acusaciones.
La Asamblea Legislativa boliviana había previsto reunirse el 5 de octubre para analizar la eventual creación de una comisión destinada a investigar las acusaciones formuladas por Estados Unidos contra Mariaca y otros funcionarios. Ahora, esa sesión adquiere una dimensión completamente distinta. Lo que inicialmente parecía ser una discusión política sobre sanciones migratorias estadounidenses se convirtió en una investigación penal dentro de Bolivia que ya produjo 14 detenciones y que podría alcanzar a otros funcionarios y exfuncionarios.
El Gobierno también informó que busca al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien, según la información oficial difundida este jueves, no había sido detenido y era buscado dentro de la investigación. Un terremoto político y judicial para el gobierno de Rodrigo Paz.
La operación constituye también una prueba para el presidente Rodrigo Paz, cuyo gobierno ha buscado fortalecer la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Bolivia forma parte de la iniciativa estadounidense denominada Escudo de las Américas, lo que coloca el caso Mariaca en una dimensión regional. Washington ha utilizado esta iniciativa para profundizar la cooperación con gobiernos latinoamericanos frente al narcotráfico y las organizaciones criminales.
La situación, por tanto, tiene tres escenarios simultáneos. En el primero está la investigación penal: determinar si Mariaca y los demás detenidos realmente participaron en una estructura criminal y si utilizaron sus cargos para favorecer actividades del narcotráfico.
En el segundo aparece la dimensión institucional: establecer si la detención y los allanamientos se realizaron respetando las garantías constitucionales y la independencia del Ministerio Público. Y en el tercero está la dimensión internacional: esclarecer hasta dónde llegó la información proporcionada por Estados Unidos y cuál será el alcance de la cooperación entre Washington y La Paz en esta investigación.
La detención de Roger Mariaca no representa, por sí sola, la demostración de que el fiscal general haya cometido los delitos que se le atribuyen. Pero tampoco puede ser presentada ya como un simple episodio político o como una supuesta persecución sin consecuencias.
Hay una investigación penal en curso, existen 14 personas detenidas, se reportó el hallazgo de dinero en un vehículo que salió de la vivienda del exfiscal y el Gobierno sostiene que existen indicios de una estructura criminal dentro del aparato de justicia. Al mismo tiempo, Mariaca había negado las acusaciones estadounidenses y cuestionado lo que consideraba una presión externa sobre su gestión. La defensa y las autoridades judiciales tendrán ahora que establecer qué parte de las acusaciones puede ser demostrada con pruebas y cuál corresponde únicamente a señalamientos políticos o mediáticos.
La pregunta central ya no es solamente por qué Estados Unidos retiró la visa a Roger Mariaca. El interrogante que queda planteado para Bolivia es mucho más profundo: ¿hasta qué punto el narcotráfico logró penetrar las instituciones encargadas de combatirlo y qué pruebas existen para demostrarlo?
La respuesta dependerá de la investigación judicial que apenas comienza y, sobre todo, de que las acusaciones sean sometidas a pruebas y no únicamente a declaraciones de autoridades, videos o señalamientos políticos. Lo que sí está claro es que la captura del fiscal general convierte el caso en una crisis de alcance nacional: el funcionario que encabezaba la persecución penal en Bolivia terminó bajo investigación por los mismos fenómenos criminales que su institución debía combatir.
