La muerte de un bebé de apenas un año y ocho meses, ocurrida después de que fuera trasladado de urgencia a diferentes centros asistenciales, quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, que imputó el delito de homicidio agravado a Juan Moreno Pinzón, de 26 años, señalado como el principal responsable de las lesiones que terminaron provocando el fallecimiento del menor.
El caso se originó el pasado jueves 6 de agosto, cuando el niño fue llevado por su madre y su abuela al centro de salud del municipio de Anolaima, Cundinamarca. Debido a la gravedad de su estado, los médicos determinaron su traslado al Hospital San Rafael de Facatativá, donde recibió atención especializada.
La condición del pequeño, sin embargo, obligó a realizar un nuevo traslado. El menor fue remitido posteriormente al Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI), en Bogotá, donde un equipo médico intentó estabilizarlo y atender las graves lesiones que presentaba. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, el bebé murió durante la madrugada del sábado.
La investigación de la Fiscalía apunta hacia el entorno familiar del menor. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados hasta el momento, el niño habría quedado bajo el cuidado de Moreno Pinzón y, durante ese periodo, presuntamente habría sido sometido a varias agresiones físicas.
La gravedad de las lesiones llamó especialmente la atención de los médicos. Según el dictamen citado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, el menor presentaba un trauma craneoencefálico severo y múltiples traumatismos contundentes en diferentes partes del cuerpo.
El mandatario departamental también señaló que los primeros análisis médicos contemplan una alta probabilidad de que el pequeño hubiera sido víctima de violencia física y de un posible abuso sexual. Esta última hipótesis, sin embargo, deberá ser establecida mediante las investigaciones forenses y judiciales correspondientes y no constituye, por ahora, un hecho judicialmente probado.
Durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, Moreno Pinzón no aceptó su responsabilidad en los hechos. A pesar de ello, un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso penal.
La decisión judicial implica que el procesado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanzan las investigaciones, pero no equivale a una sentencia condenatoria. Será durante las diferentes etapas del proceso que la Fiscalía deberá demostrar la responsabilidad penal que atribuye al acusado. El caso vuelve a poner bajo la lupa la violencia que puede producirse dentro de los propios entornos familiares, particularmente cuando niños y niñas quedan al cuidado de adultos distintos de sus padres biológicos.
La situación adquiere una dimensión aún más preocupante debido a la extrema vulnerabilidad de los menores de corta edad. Un niño de un año y ocho meses depende completamente de los adultos responsables de su cuidado y no tiene capacidad para protegerse, denunciar una agresión o buscar ayuda por sus propios medios.
La Fiscalía reconoce precisamente que la violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes constituye un fenómeno que requiere investigaciones especializadas y medidas reforzadas de protección. El organismo señala que este tipo de violencia puede afectar de manera particularmente grave a los menores y que las investigaciones deben desarrollarse con mecanismos destinados a evitar nuevos hechos de violencia y desenlaces fatales.
Los registros oficiales muestran que el problema trasciende casos aislados. En un informe de seguimiento de la Fiscalía se reportaron 10.278 noticias criminales relacionadas con violencia intrafamiliar en las que las víctimas eran niños, niñas o adolescentes; de ellas, 7.230 correspondían a menores de entre 0 y 13 años y 3.048 a adolescentes de 14 a 17 años. En ese mismo registro aparecían 867 casos de homicidio doloso con víctimas menores de edad.
Uno de los antecedentes más cercanos ocurrió en Bogotá. En enero de 2025, la Procuraduría General de la Nación solicitó explicaciones al ICBF, a una comisaría de familia y a la Personería de Kennedy por las actuaciones adelantadas en un caso en el que un niño de un año y nueve meses habría muerto después de una golpiza propinada presuntamente por su padrastro. Otro hermano del menor sobrevivió y tuvo que recibir atención médica. Su caso llevó a las autoridades a revisar las acciones institucionales de protección y puso nuevamente en discusión una pregunta fundamental: qué mecanismos existen para detectar a tiempo las señales de violencia cuando las agresiones ocurren dentro del hogar.
La preocupación no se limita a las lesiones físicas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establece que la violencia contra niños, niñas y adolescentes puede manifestarse mediante agresiones físicas, violencia psicológica, negligencia y violencia sexual. Además, advierte que puede ser ejercida por padres, madres, cuidadores u otras personas del entorno del menor y que sus consecuencias pueden llegar incluso a comprometer la vida.
Por esta razón, las autoridades insisten en que cualquier señal de maltrato debe ser reportada oportunamente. El ICBF dispone de la línea 141 para recibir denuncias y activar las rutas de protección correspondientes, mientras que también pueden intervenir los servicios de salud, las comisarías de familia, la Policía de Infancia y Adolescencia y otras entidades con responsabilidades en la protección de la niñez. El caso de Anolaima deberá ahora avanzar en los escenarios judiciales mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas para establecer exactamente qué ocurrió durante las horas en que el menor permaneció bajo el cuidado del hoy procesado.
Entre los aspectos que deberán ser esclarecidos están las circunstancias en las que se produjeron las lesiones, el momento en que ocurrieron, las personas que estuvieron en contacto con el niño y las circunstancias que llevaron a que fuera trasladado inicialmente al centro asistencial de Anolaima.
