El presidente Abelardo de la Espriella entregó un balance del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto con una cifra de personas desaparecidas que contrasta de manera significativa con los registros que mantienen las entidades encargadas de consolidar la información de la tragedia.
En su primera alocución presidencial sobre la emergencia, el mandatario aseguró que 143 personas permanecían desaparecidas. Sin embargo, los registros de organismos oficiales consultados para el seguimiento de la catástrofe mostraban cifras considerablemente superiores. Medicina Legal contabilizaba centenares de reportes individuales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) manejaba un consolidado que superaba las 400 personas. El propio balance publicado por EL PAÍS situó las cifras, para el momento de la alocución, en 348 desaparecidos registrados por Medicina Legal y 426 por la UNGRD.
La diferencia resulta especialmente llamativa porque no se trata de estimaciones periodísticas, sino de registros elaborados por instituciones que participan directamente en la atención de la emergencia, la identificación de víctimas y la búsqueda de personas cuyo paradero se desconoce.
La discrepancia también ha cambiado con el paso de los días. Medicina Legal publicó una actualización con 348 personas reportadas como desaparecidas con corte a la tarde del 17 de agosto, mientras su reporte oficial individualizado recoge los casos y permite actualizar la información a medida que las personas son localizadas o se identifican cuerpos.
El director de Medicina Legal explicó que el registro del instituto no constituye simplemente una cifra global: se trata de una base individualizada que contiene información de las personas reportadas como desaparecidas, entre ella sus datos de identificación, edad y lugar de desaparición. Esa característica permite cruzar los reportes de familiares y organismos de socorro con los procesos de búsqueda e identificación de cuerpos.
El problema de fondo es que las cifras de desaparecidos pueden fluctuar. Los primeros reportes suelen proceder de hospitales, alcaldías, organismos de socorro, familiares y autoridades locales y posteriormente son sometidos a procesos de verificación. Una persona inicialmente reportada como desaparecida puede ser localizada con vida, aparecer en otro centro asistencial o ser identificada entre los fallecidos. Por ello, los registros pueden subir o bajar durante los días posteriores al desastre.
De hecho, la UNGRD había llegado previamente a reportar 379 desaparecidos antes de reducir el número a 143 después de cotejar información con la Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para eliminar posibles duplicidades. Ese procedimiento fue utilizado por la entidad para explicar la fuerte modificación de sus balances.
Pero precisamente allí surge la principal interrogante sobre la cifra presidencial: el dato de 143 no coincide con los registros individualizados que todavía mantenían las instituciones encargadas de la búsqueda. Según la información publicada el 19 de agosto, Medicina Legal contabilizaba 348 reportes y la UNGRD 426, por lo que el número mencionado por el presidente representaba aproximadamente el 41 % del registro de Medicina Legal y apenas un tercio del consolidado de la Unidad de Gestión del Riesgo.
La diferencia no se limita a los desaparecidos. En su alocución, De la Espriella habló de 289 personas fallecidas, mientras Medicina Legal había recibido 304 cuerpos y la UNGRD manejaba igualmente una cifra de 304 víctimas mortales. En cuanto a los heridos, el presidente reportó 4.187, frente a los 4.548 que aparecían en el consolidado de la UNGRD horas después.
También existen discrepancias en la dimensión material de la tragedia. El mandatario informó de 26.945 viviendas destruidas y 285 centros de salud afectados. El consolidado de la UNGRD, en cambio, registraba 29.554 viviendas destruidas, otras 134.342 averiadas y 303 centros de salud afectados. Para los establecimientos educativos, la diferencia también era considerable: 2.838 afectados según el Gobierno frente a 3.443 registrados por la Unidad.
La magnitud de la discrepancia se hace todavía más evidente al revisar los reportes de las autoridades locales. En Pereira, una de las ciudades más golpeadas, la Alcaldía llegó a reportar 184 personas desaparecidas, una cifra que por sí sola supera los 143 casos mencionados por el presidente para todo el territorio nacional. En Cali, el registro municipal había alcanzado 94 desaparecidos durante el fin de semana y posteriormente se situó en 56. Sumados los reportes de ambas ciudades, el número llegaba a 240, incluso utilizando la cifra más reciente de Cali.
La comparación permite dimensionar por qué la diferencia estadística ha generado inquietud. No se trata únicamente de una discusión sobre números: detrás de cada registro existe una persona cuya familia desconoce su paradero y que, en algunos casos, puede encontrarse todavía atrapada, hospitalizada o pendiente de identificación.
El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en Chocó, y afectó especialmente a Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. El balance conocido hasta mediados de agosto mostraba decenas de miles de viviendas afectadas, edificios colapsados, infraestructura sanitaria y educativa dañada y más de 185.000 damnificados.
La situación ha obligado a las autoridades a actualizar constantemente los balances. De hecho, un reporte difundido este 19 de agosto informó que Medicina Legal había recibido 312 cuerpos y que 306 de ellos ya habían sido identificados, mientras la UNGRD contabilizaba en ese momento 290 personas desaparecidas. Esto demuestra que las cifras continúan modificándose conforme avanza la identificación y depuración de los registros.
Por esa razón, la cifra de 143 desaparecidos entregada por De la Espriella debe entenderse como el dato que presentó el presidente en su alocución y no como un número definitivo de la tragedia. La ausencia de una explicación pública detallada sobre la fuente, el corte temporal y la metodología utilizada para llegar a ese número contrasta con los registros de Medicina Legal y la UNGRD, que explican sus procedimientos de actualización.
En una emergencia de estas dimensiones, la precisión estadística no es un asunto menor. Los listados de desaparecidos sirven para orientar las operaciones de búsqueda, cruzar información hospitalaria y forense, identificar cuerpos, atender a las familias y establecer la magnitud real de los recursos que se necesitan para la recuperación. Una diferencia de cientos de personas puede modificar sustancialmente la percepción pública sobre el alcance de la tragedia y las necesidades de la población afectada.
Más que una simple discrepancia entre entidades, el episodio plantea un problema de coordinación institucional y comunicación pública. Mientras Medicina Legal mantiene un registro individualizado y la UNGRD consolida información proveniente de diferentes autoridades, la Presidencia debería explicar con precisión qué corte utilizó, de dónde obtuvo sus cifras y por qué estas no coincidían con los datos disponibles en los organismos responsables de la emergencia.
La prioridad, en todo caso, sigue siendo localizar a las personas cuyo paradero se desconoce, identificar a las víctimas y entregar información verificable a sus familias. En una catástrofe de esta magnitud, la transparencia de los datos es también una forma de atención a quienes todavía esperan respuestas.
