Durante su intervención en el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el Ejecutivo presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley orientado a fortalecer la soberanía alimentaria mediante la integración de los distintos sectores productivos del país. La iniciativa busca articular la economía comunal, la economía comunitaria y el emprendimiento con la gran industria agroalimentaria, en el marco del plan nacional “Venezuela Alimenta”, cuyo propósito declarado es alcanzar la meta de hambre cero.
“Anuncio que presentará en los próximos días al parlamento venezolano una nueva ley para la economía local que permita la economía comunal, la economía comunitaria y la economía del emprendimiento, el engranaje y encadenamiento productivo para la producción de alimentos, con la gran industria agroalimentaria. Todos, sin excepción, vamos a sumar a este objetivo superior”, afirmó Rodríguez.
El discurso de Rodríguez adquirió un especial relieve político por el historial del programa estatal de distribución de alimentos conocido como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado en 2016 durante la crisis de escasez. Aunque el programa fue presentado como un mecanismo para garantizar el acceso de la población más vulnerable a alimentos subsidiados, fue objeto de denuncias de corrupción, sobreprecios, productos de baja calidad y uso político de la ayuda alimentaria.
Investigaciones periodísticas y documentos judiciales señalaron que empresas vinculadas al empresario colombo-venezolano Álex Saab, en particular Group Grand Limited, habrían obtenido contratos millonarios para suministrar las cajas CLAP a precios inflados, con productos diluidos, deteriorados o inexistentes. Según reportes citados por medios internacionales, entre 2017 y 2018 Group Grand Limited habría recibido contratos por más de 600 millones de dólares para proveer 21 millones de combos alimenticios.
El caso involucró también al actual presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien fue abogado de Álex Saab entre 2013 y 2019, durante el auge del esquema CLAP. De la Espriella negó públicamente en 2017 que Saab tuviera relación con la empresa de alimentos; sin embargo, investigaciones posteriores difundieron documentos y transferencias por más de 370.000 dólares en 2014 desde compañías vinculadas a Saab, incluida Group Grand Limited, mientras el jurista actuaba como su representante legal.
Las autoridades estadounidenses acusaron a Saab de encabezar una red de sobornos, facturación falsa y lavado de activos en torno a los CLAP. En septiembre de 2026, Saab se declaró culpable ante un tribunal federal de Miami por un esquema que, según la acusación, desvió cientos de millones de dólares del programa alimentario venezolano.
Ese antecedente contrasta con el llamado de Rodríguez a que “los alimentos jamás deberán convertirse en instrumento de presión o confrontación política”. Organizaciones de derechos humanos y reportes periodísticos han documentado que la entrega de cajas CLAP fue condicionada en varias ocasiones a la lealtad política, la participación en actos oficiales o el voto, lo que habría vulnerado el derecho a la alimentación sin discriminación.
Al iniciar su intervención en Roma, Rodríguez ratificó el compromiso del Estado venezolano con el acceso a los alimentos como garantía fundamental y sostuvo que su garantía exige un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional.
“La República Bolivariana de Venezuela llega a este foro mundial de la alimentación con una convicción profunda. La alimentación es un derecho inalienable. Directamente vinculados con la vida, la dignidad y el desarrollo integral de las personas (…), los alimentos jamás deberán convertirse en instrumento de presión o confrontación política. Allí donde existen diferencias entre Estados, el diálogo y la diplomacia deben prevalecer”, declaró.
La mandataria también planteó una paradoja global: pese a los avances científicos y tecnológicos, persisten crisis de hambruna asociadas al cambio climático, los conflictos armados y las pérdidas y desperdicios de alimentos después de la cosecha. Señaló que en 2025 el mundo enfrentó, por primera vez, dos hambrunas simultáneas: en la Franja de Gaza y en regiones de Sudán.
Rodríguez repasó la evolución de la seguridad alimentaria en Venezuela y reconoció un retroceso tras la crisis política y las sanciones internacionales impuestas desde 2017, que —según afirmó— afectaron en 16% al sector agroalimentario.
Apoyándose en cifras atribuidas a la FAO, la presidenta encargada sostuvo que la prevalencia de subalimentación se redujo a 5,3% en 2025 y que este año habría descendido a 3%. También afirmó que la desnutrición aguda en menores de cinco años pasó de 14,8% en 2019 a 1,3% en 2025, mientras que la lactancia materna exclusiva alcanzó 73,7%, uno de los valores más altos de la región.
Rodríguez agradeció el acompañamiento técnico de la FAO y del Programa Mundial de Alimentos durante los períodos más críticos, y sostuvo que la estabilidad jurídica sobre la tierra y la innovación tecnológica serán pilares de la nueva etapa agrícola. El Gobierno venezolano presentó la iniciativa como una política de articulación entre la producción local y las redes de distribución social, aunque el anuncio llega en medio del escrutinio histórico sobre la transparencia, la calidad y el uso político de los programas públicos de alimentación.
